Bajo la Lupa Noticias
Más de 100 armas de fuego, equipamiento y municiones que pertenecen a la policía, y que se encontraban en calidad de secuestro en el Ministerio Público Fiscal (MPF), fueron devueltos a la “fueza”, después de haber sido recuperadas y reacondicionadas.
Jiménez destacó el trabajo conjunto y coordinado con la Policía y remarcó que este es el camino que se debe seguir para brindar a la sociedad una respuesta mejor en materia de seguridad y para que el delincuente esté preso.
El jefe de los fiscales penales explicó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) revisó alrededor de 1.000 causas en donde había armas secuestradas, para poder recuperarlas y entregárselas a la Policía, para que ese equipamiento les sirva como herramienta para la prevención del delito.
“Lo importante es que realizamos un trabajo conjunto y ordenado, que antes no se hacía. Este es el primer paso, pero vamos a seguir hacia adelante en este camino, no sólo con armas, sino en todo aquello que pueda ser útil a la Policía para combatir el delito”, expresó.
Esta entrega significó una fuerte recuperación de elementos de alto costo para el Gobierno de la provincia. Para concretarla hubo una entrega laboral muy fuerte, que involucró a más de 40 efectores del MPF, quienes desplegaron una tarea coordinada durante cuatro meses.
Fueron recuperadas pistolas, escopetas, chalecos tácticos, bastones y municiones. Las armas que datan de tiempos muy variados, fueron reacondicionadas y se encuentran operativas, de modo que pueden pasar de manera inmediata a poder de los efectivos policiales.
A su turno, el ministro de Seguridad Maley, destacó la decisión del MPF, en la persona del Ministro Fiscal Jiménez, y sus funcionarios y colaboradores, para acelerar este trámite.
Sobre el reintegro de armas, el funcionario comentó que estuvieron involucradas en diferentes procedimientos o que fueron robadas al personal policial.
“Estos elementos están operativos y fueron chequeados por personal técnico para determinar su funcionamiento y entrega. Serán usadas para la actividad preventiva”, destacó.
El doctor Tomas Robert, a cargo de la Secretaría Judicial, señaló que se trató de un trabajo de cuatro meses para seleccionar los expedientes penales y ubicar las armas y ponerlas en condiciones de operatividad.
“Es una iniciativa de política criminal que se inscribe en los nuevos estándares que el MPF está fijando a los fines de participar en cuestiones de seguridad preventiva”, señaló.
