Bajo la Lupa NoticiasEl PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país tras detectar graves irregularidades y avanzó con nuevas denuncias penales por presuntos hechos de corrupción en Tucumán y Chaco, según informó Infobae a partir de un comunicado oficial difundido por el organismo junto al Ministerio de Salud de la Nación.
Las medidas fueron impulsadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, encabezado por Esteban Leguízamo, luego de auditorías que detectaron cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos que no cumplían con las condiciones edilicias y sanitarias exigidas.
Uno de los casos investigados involucra a Sanarte S.R.L., un policonsultorio ubicado en San Miguel de Tucumán. Allí, las auditorías detectaron múltiples irregularidades administrativas y médicas, entre ellas la falta de habilitación municipal actualizada y legajos incompletos de profesionales que atendían a afiliados del organismo.
Además, se registraron demoras de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, afectando la atención de los jubilados. Según el informe, el establecimiento otorgaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una modalidad considerada incompatible con una atención médica adecuada.
La investigación también detectó consultas y estudios médicos facturados sin respaldo documental, historias clínicas sin firma profesional y prácticas sin informes correspondientes, situaciones que el organismo consideró violatorias de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
En paralelo, otro expediente involucra a un médico prestador de la UGL XIII de Chaco, identificado como J.C. Las auditorías revelaron inconsistencias administrativas y médicas, además de incumplimientos contractuales y deficiencias en la documentación clínica obligatoria.
Tras considerar insuficientes los descargos presentados por el profesional, el PAMI resolvió rescindir el contrato y presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si existieron delitos vinculados a las prestaciones facturadas.
Según publicó Infobae, ambos casos forman parte de un proceso de fiscalización más amplio iniciado por el organismo desde la asunción de Leguízamo. En noviembre de 2025, el PAMI ya había denunciado una presunta estafa multimillonaria vinculada al uso de órdenes médicas electrónicas falsas y facturaciones sin respaldo.
Las auditorías posteriores detectaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Entre los ejemplos señalados figura un prestador que declaró 283 prácticas médicas en apenas cinco horas y otro que registró 689 órdenes médicas electrónicas en una sola jornada.
Frente a este escenario, el organismo implementó nuevos mecanismos de control, entre ellos monitoreo permanente de prestaciones, auditorías continuas y penalizaciones automáticas ante irregularidades detectadas. Desde el Instituto aclararon que las bajas de prestadores no afectarán la continuidad de los tratamientos de los afiliados, ya que se garantizará la atención mediante la red disponible en todo el país.
