Bajo la Lupa NoticiasPor pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, este último miércoles 27 de mayo se realizó una audiencia para solicitar la prórroga de la prisión preventiva contra Nicolás Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40), alias “Chicho”, acusados de encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero de este año en un basural de Manantial Sur.
La medida cautelar había sido dictada inicialmente el 27 de febrero y, en esta oportunidad, el Ministerio Fiscal pidió renovarla por tres meses más. La exposición estuvo a cargo de la auxiliar de fiscal Carolina Brito, quien sostuvo que los riesgos procesales “no solo se mantienen vigentes, sino que además se han robustecido”.
Respecto de Navarro Flores, la Fiscalía destacó que declaró en dos oportunidades y que incluso “confesó” haber colaborado con Felipe Sosa (sospechado de ser el autor del homicidio) después del crimen. Según la acusación, el imputado contó que el 7 de enero recibió llamados de Sosa, fue hasta su domicilio y lo vio con una pala y tierra en las uñas. También relató que más tarde recibió bolsas negras y un celular, y una caja con estupefacientes. Además, Brito mencionó que en su segunda declaración en la Unidad Fiscal, realizada el pasado 22 de mayo, Navarro Flores detalló cómo se comunicaba “en código” con Sosa y cómo le ofreció un galpón desocupado para ayudarlo con el ocultamiento relacionado con el hecho.
En cuanto a “Chicho” Díaz, la Fiscalía señaló que está acreditado que estuvo en la casa de Sosa el 7 de enero por la tarde a bordo de una camioneta de la empresa “Mundo Limpio”. Para el MPF, más allá del motivo por el que concurrió al domicilio (la defensa afirma que fue a buscar su celular olvidado), lo relevante es que “colaboró con el ocultamiento del cuerpo, la desaparición del teléfono de la víctima y la limpieza del lugar”.
Pericias pendientes
La auxiliar de fiscal remarcó además la gravedad del caso. “Estamos ante un femicidio con la pena más severa, que es la prisión perpetua, cometido con extrema brutalidad y con intervención de varias personas”, sostuvo.
Entre las medidas pendientes, la Fiscalía indicó que aún resta analizar celulares secuestrados, cámaras de seguridad, líneas telefónicas y abrir una caja fuerte hallada en un galpón vinculado a Sosa. También continúan las pericias genéticas sobre restos biológicos (saliva y pelo) encontrados en cintas, bolsas, y en la vivienda y la camioneta de Sosa.
Mientras la defensa de Navarro Flores no se opuso al pedido fiscal, la de Díaz solicitó el cese de la prisión preventiva o, subsidiariamente, arresto domiciliario. Finalmente, el juez resolvió hacer lugar a todo lo demandado por el MPF y en consecuencia ordenó que ambos acusados continúen alojados en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.
La teoría del caso del MPF
El 7 de enero de 2026 Felipe Sosa asesinó a Érika Antonella Álvarez con la participación de otras personas aún no identificadas, causándole graves lesiones cráneofaciales y cervicales.
En el caso de Díaz, la acusación sostiene que se presentó esa misma tarde en la vivienda de Sosa, en Yerba Buena, a bordo de una camioneta de la empresa “Mundo Limpio”, y colaboró con el ocultamiento del cuerpo, la desaparición del celular de la víctima y la limpieza de la escena. Además, la Fiscalía afirmó que se retiró transportando bolsas de gran tamaño, ayudando así a entorpecer la investigación.
Respecto de Nicolás Navarro Flores, el MPF indicó que acudió al domicilio de Sosa luego de recibir un llamado telefónico durante la mañana del 7 de enero. Allí habría colaborado con el ocultamiento del cuerpo y otros rastros vinculados al hecho, contribuyendo a que Sosa pudiera eludir la acción de la Justicia.
