Bajo la Lupa NoticiasLa Justicia tucumana dispuso la prisión preventiva por el término de tres meses para Justina Gordillo, de 48 años, en el marco de la causa que investiga el asesinato de Erika Álvarez. La resolución fue dictada por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien hizo lugar a los planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal.
Durante la audiencia, el fiscal Pedro Gallo formuló cargos contra Gordillo por el delito de encubrimiento personal y real doblemente agravado, tanto por la gravedad del delito precedente como por su condición de funcionaria pública, ya que se desempeña como empleada judicial con funciones en la Corte Suprema de Justicia. A la acusación adhirió el querellante Carlos Garmendia. La mujer no fue imputada como autora ni partícipe del homicidio.
En el transcurso de la audiencia, la acusada solicitó declarar. Si bien prestó declaración ante el tribunal, por el momento no aceptó responder preguntas de las partes. En su exposición, sostuvo su inocencia y negó cualquier vinculación con el hecho. “Niego el hecho, no tengo participación ni conozco a la víctima. Me imputan solo por haber sido pareja de Felipe (Sosa)”, expresó.
La defensa técnica, a cargo de los abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, se opuso al dictado de la prisión preventiva y, de manera subsidiaria, solicitó que la medida se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, el juez rechazó ambos planteos.
Al resolver, el magistrado consideró acreditados los riesgos procesales señalados por la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, mientras la investigación continúa su curso.
