“La casa no es de la intendenta”, afirmó la abogada de Raquel Graneros

Paula Morales Soria dijo que la jefa municipal está a disposición de la Justicia. “Es una vergüenza sin sustento legal”, dijo sobre la denuncia de Courel.
Judiciales15 de julio de 2026Bajo la Lupa NoticiasBajo la Lupa Noticias

La defensa de la intendenta Raquel Graneros salió al cruce de las acusaciones y las denuncias que lanzó el legislador camperista Manuel Courel junto a otros dirigentes opositores por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de la supuesta adquisición de una casa en el country Las Yungas por más de un millón de dólares. “La casa no es de la intendenta”, declaró la abogada Paula Morales Soria en diálogo con LA GACETA.

La letrada de la intendenta de Graneros habló por primera vez de la denuncia penal que formularon hace un mes el legislador Courel y el concejal Luis Escobar, con el patrocinio del ex edil de Alberdi, Luis Díaz Augier. Aseguró que se mantuvo en silencio para no entorpecer la cuestión judicial, aunque subrayó que la acusación “es una vergüenza sin sustento legal” y que Graneros se puso a disposición de la Justicia desde un primer momento. “La intendenta no está imputada y está siendo sometida a semejante violencia”, planteó.

“Que deje de ensuciar”

Morales Soria arremetió puntualmente contra Courel, quien afirmó que la intendenta compró la casa en Las Yungas por U$S1,2 millones y solicitó a la Justicia que actúe con celeridad. “El legislador no respeta la división de poderes. Es la Justicia la que tiene que expedirse. Invito al legislador que deje trabajar a la Justicia, que avance con la investigación. Que deje de ensuciar a la Justicia y que deje de perseguir a la intendenta como si fuera fiscal”, lanzó.

EN LA JUSTICIA. Morales Soria dijo que Graneros es inocente.EN LA JUSTICIA. Morales Soria dijo que Graneros es inocente.

La abogada penalista arremetió también contra la presentación realizada por la oposición. “No han presentado ninguna prueba de nada ilícito”, aseguró. Además, consideró que las acusaciones son netamente políticas. “Lo que están haciendo es una utilización de mentiras, de hacer un festín mediático para sacar un rédito por una cuestión política, porque están cerca las elecciones. No hay ninguna corrupción ni delito”, afirmó, y adelantó que cuando se demuestre la inocencia de Graneros iniciará las acciones legales correspondientes contra quienes la hostigan.

“No presentaron nada”

Hubo una presentación de pruebas ante la Justicia de acuerdo con la defensora legal de la jefa municipal, aunque se excusó de brindar precisiones porque -dijo- es una cuestión latente. “Todos los informes que la Justicia ha pedido están a favor de la intendenta. Lo único que (los denunciantes) han presentado es una copia de las expensas que no está autenticada. Ellos nos han denunciado judicialmente y nosotros responderemos judicialmente”, remarcó y precisó que la investigación está en manos del fiscal Diego Sebastián Hevia.

Morales Soria insistió con que la propiedad, ubicada en los lotes 70 y 71 en el sector 12 del country yerbabuenense, no pertenece a Graneros. “Si eso fuera verdad, ¿por qué no presentan los documentos que dicen que tienen? No han presentado nada, solo una copia de las expensas, que no sabemos si es real o no. La intendenta no ha comprado esa casa. Su domicilio está en Graneros”, defendió.

Por último, la letrada afirmó que la intendenta y su familia están siendo hostigadas en las redes sociales por esta causa, con la divulgación de fotos personales. Insistió con que todo tiene un trasfondo político y recordó que hubo una sentencia contra 10 mujeres que -supuestamente- se acercaron con tiktokers a amenazar a Graneros y a su madre, la legisladora Alejandra Cejas. “Hay un aprovechamiento político de la oposición, de gente que antes formaba parte del Gobierno y ahora está en contra”, concluyó.

Denuncia y reproche

En los estudios de LA GACETA Play, Courel cuestionó que un mes después de haber presentado la denuncia ante la Fiscalía de Concepción no haya habido avances significativos en la causa. “Nos dijeron que se ofició al country Las Yungas y la respuesta fue muy vaga. Incluso hay un pedido para que se haga un allanamiento si no responden”, dijo. Indicó que se requirió informes a la SAT, a EDET y a Naturgy para establecer la titularidad de los servicios vinculados a la propiedad.

“Hasta el momento no hubo muchos avances. La Justicia está avanzando muy lentamente y nos llama mucho la atención, porque cuando esta mujer denunció a los vecinos de Graneros que se habían inundado y se acercaron a reclamarle, la Justicia de Concepción actuó muy rápido y a las 10 mujeres de Graneros las procesaron por amenazas. En cuestión de semanas o días las mujeres estaban procesadas”, ahondó el yerbabuenense.

“Una obscenidad”

Durante la entrevista, el legislador radical también hizo mención a versiones que apuntan sobre una presunta compra de la intendenta Graneros de otro inmueble en Tafí del Valle, por unos U$S600.000, aunque reconoció que ese dato aún no pudo ser corroborado. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esto es tiene una obscenidad y un grado de impunidad tremenda. No puede ser que estos feudos, como se están manejando en el interior de la provincia, sigan de esta manera: manejando fondos públicos que son de todos los vecinos de Graneros”, señaló.

“Esperemos que el fiscal actúe con la misma celeridad con que actuaron para imputar a los vecinos de Graneros que se acercaron a ella a reclamarle por las inundaciones que actué para ver con qué fondos compró semejante mansión en Yerba Buena y determine con qué fondos compró esa propiedad”, expresó Courel.

Según la presentación, “la denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 en el sector 12 del country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a U$S1.000.000, con dinero en efectivo. Esta adquisición resulta sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta”, aseguraron.

Courel profundizó en el escrito que “el secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría sido quien trasladó parte del dinero en efectivo para el pago de la operación inmobiliaria en una sucursal del Banco Galicia”. Además, los denunciantes presentaron la liquidación de expensas de junio del barrio cerrado, en la cual figura el nombre de Raquel Alejandra Graneros y se informa que debería pagar una expensa mensual de $570.090 y $566.690 por los lotes que fueron unificados.

Fuente: La Gaceta

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