Policías retirados expusieron ante la legisladora Nievas las demoras en el cobro de actualizaciones salariales

La legisladora Raquel Evangelina Nievas recibió en su despacho a Carlos Espíndola y a Alberto Ponce, policías retirados que asistieron en representación de efectivos de la fuerza, personal del servicio penitenciario y viudas. Ambos plantearon la preocupación por las demoras en el pago de actualizaciones salariales, que en algunos casos llegan a cobrarse hasta seis meses después de otorgados los aumentos.

Espíndola explicó que la situación afecta a unas 12.000 personas. “Hace seis meses que lamentablemente no podemos cobrar nuestros haberes como corresponde. Hay camaradas que no pueden comprarse sus propios medicamentos, y en algunos casos esto les cuesta la vida. Las viudas quedan totalmente desamparadas y recién a los cinco años, con suerte, pueden empezar a cobrar sus pensiones”, advirtió.

El representante subrayó además la diferencia con el régimen previsional general: “Un policía retirado puede ser convocado nuevamente a ocupar un cargo en la provincia, mientras que un jubilado depende de otra caja. Nosotros tenemos un sistema distinto y dependemos directamente del gobernador”.

Sobre el impacto de las paritarias, Espíndola señaló: “Las negociaciones las hacen el jefe de Policía, el subjefe y el ministro de Seguridad. Ellos deberían defender nuestros derechos, pero no lo hacen. Por eso llegamos a estas instancias, para que el gobernador tome conciencia de que dependemos de él para que se nos pague en tiempo y forma”.

Por su parte, el excomisario retirado Alberto Ponce recordó los múltiples reclamos formales que realizaron sin éxito. “Desde junio del año pasado presentamos notas al presidente de la Comisión de Seguridad, Carlos Najar; al secretario de la Comisión, Ricardo Bussi; al vicegobernador y al ministro Regino Amado. Sin embargo, seguimos sin respuestas. Somos más de 9.000 retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario, además de viudas y pensionadas. Cada vez que hay un incremento para los activos, a nosotros nos lo pagan a los 180 días. Es vergonzoso”, manifestó.

Ponce ejemplificó con situaciones recientes: “En febrero del año pasado surgió una deuda por el código de especialización que recién se pagó en enero de este año, once meses después. Y encima, cada retroactivo sufre descuentos del 4,5% por parte del subsidio de salud. Otro caso: en diciembre de 2023 se otorgó un aumento del 6% retroactivo a noviembre, pero nosotros lo cobramos recién en abril. Y ahora, con la recomposición de julio y agosto, sabemos que recién la veremos el año que viene”.

En esa línea, cuestionó: “El gobierno retiene los aportes jubilatorios durante meses. Un suboficial mayor en febrero aportó 300.000 pesos. Si somos más de 12.000 entre policías y penitenciarios, ¿qué hace el gobierno con ese dinero durante seis u once meses?”.

Tras escuchar a los referentes, la legisladora Nievas expresó su compromiso. “Estas demoras en los incrementos impactan en sus haberes con seis meses de retraso. En un contexto de inflación, esto es muy grave. Son recursos humanos que siguen siendo valiosos para la seguridad de la provincia y no pueden ser desprotegidos de esta manera”, señaló.

Nievas anticipó que pedirá explicaciones a través de los canales institucionales. “Amparándome en el artículo 56 de la Constitución provincial, voy a solicitar informes a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y al Ministerio de Economía, para que aclaren los motivos de estas demoras”, adelantó.

Finalmente, Espíndola y Ponce convocaron a una marcha pacífica que se realizará el miércoles 17 en Plaza Independencia a partir de las 9 de la mañana. “Queremos que el Ministerio de Hacienda nos dé explicaciones. Incluso el primer aumento de este año, retroactivo a febrero, recién lo cobramos en agosto y mal liquidado: en vez de seis meses, nos pagaron solo cuatro. Queremos que se aclare qué pasó con los dos meses que faltan”, concluyeron.