Los ediles del bloque justicialista acusaron al intendente Alejandro Molinuevo de destrato y falta de respeto, y advirtieron que acudirán a la Justicia si no hay una retractación pública. El conflicto, originado por la obra de la RP 329, derivó en cuestionamientos a la división de poderes y a la transparencia en la gestión municipal.
Política15 de agosto de 2025
Bajo la Lupa NoticiasUna fuerte polémica política sacude a la ciudad de Concepción luego de que un grupo de concejales justicialistas denunciara públicamente destrato y falta de respeto por parte del intendente Alejandro Molinuevo. En una conferencia de prensa realizada este viernes, los ediles, acompañados por el legislador Carlos Funez y los concejales Orlando Alberto Russo, Nicolás Albornoz, Mercedes Benítez, Gabriel Jiménez, Marcelo Kresseler, Franco Morelli, Nelson Portugal y Federico Funez, exigieron una retractación pública del jefe municipal y advirtieron que, de no concretarse, iniciarán acciones judiciales.
El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Orlando Alberto Russo, explicó que el conflicto se originó a raíz de declaraciones del intendente sobre la RP 329. Russo aseguró que el Concejo jamás recibió ninguna ordenanza del Ejecutivo respecto a la obra, lo que considera una falta de respeto a la división de poderes. Recordó que durante diez años no se realizaron mejoras en la ruta y que, justo ahora que se avanzan los trabajos desde Monteagudo, el intendente cuestiona la gestión de los concejales. Russo remarcó que el convenio nunca fue remitido al Honorable Cuerpo Deliberante y calificó la situación como un incumplimiento de sus obligaciones institucionales.
El concejal Nicolás Albornoz relató que presenció comentarios impropios del intendente hacia sus colegas Mercedes Benítez y Gabriel Jiménez y calificó el destrato como vergonzoso. Señaló que no es la primera vez que ocurren este tipo de actitudes y que el intendente debería disculparse públicamente con los concejales, con el cuerpo y con la sociedad. Además, consideró que las expresiones del jefe municipal reflejan una conducta impredecible y una falta de decoro hacia sus pares y hacia la comunidad.
La edíl Mercedes Benítez, manifestó que se sentía agredida por el intendente en razón de su género y anunció que recurrirá a la Justicia. Explicó que posee el sustento necesario para respaldar su denuncia, incluyendo testimonios de los concejales Albornoz y Kresseler, quienes estuvieron presentes durante los hechos. Benítez aseguró que el intendente no respetó la división de poderes al no remitir la ordenanza correspondiente y al pretender que el Concejo actúe como una escribanía. Subrayó que la falta de cumplimiento de las normativas y la ausencia de rendición de cuentas podrían constituir mal desempeño de la función pública y que ejercerá su defensa tanto como mujer como edil electa por el pueblo de Concepción.
El concejal Gabriel Jiménez expresó su preocupación por la situación y destacó la importancia de que se respete la división de poderes y la institucionalidad. Recordó que el Consejo no tiene conocimiento del convenio firmado para la RP 329, por lo que resulta imprescindible que se refrende de manera formal. Marcelo Kresseler, por su parte, confirmó que el intendente se mostró muy molesto durante la sesión y en comunicaciones posteriores, en las que insultó y tuvo expresiones inapropiadas hacia los concejales. Kresseler indicó que el intendente llegó a afirmar que podía gobernar sin el Concejo y que, de ser necesario, los ediles buscarán herramientas legales para judicializar la situación.
El legislador Carlos Funez respaldó las declaraciones de los concejales y criticó duramente al intendente por su manejo de la RP 329. Señaló que la obra ya se encuentra pavimentada y señalizada hasta Monteagudo, y que la falta de información sobre el convenio demuestra una grave irresponsabilidad institucional. Funez aseguró que el gobernador se comprometió a finalizar los tres kilómetros restantes con o sin la participación del municipio, y advirtió que la actitud del intendente refleja una victimización y una política de politiquería barata que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía.
Los concejales denunciantes sostuvieron que el conflicto no solo es de índole personal, sino que representa un problema institucional grave que afecta la rendición de cuentas y el respeto por la normativa vigente. Recordaron que durante años la ruta no recibió mejoras y que solo con la intervención de la provincia se está avanzando en la obra. Subrayaron que el intendente aún no ha emitido una retractación pública, y advirtieron que de no hacerlo acudirán a la Justicia, defendiendo tanto la institucionalidad del Concejo como los derechos individuales de los ediles afectados, especialmente en relación al respeto por la condición de género de la concejal Mercedes Benítez.
En medio de la polémica, la obra de la RP 329 continúa siendo un tema central para la ciudad, y los concejales recalcaron que la prioridad de los ciudadanos del Este de Concepción es que la ruta se termine de manera segura y eficiente, más allá de las disputas políticas. El compromiso de la provincia y del gobernador asegura la finalización de la obra, mientras los concejales se mantienen firmes en la defensa de la institucionalidad, la transparencia y el respeto hacia los miembros del Honorable Concejo Deliberante.
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