La principal modificación reside en el cambio de misión de la PFA, cuya labor central pasa a ser la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, dirigido especialmente a la desarticulación de organizaciones criminales.
Política18 de junio de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl Gobierno Nacional oficializó este martes el Decreto 383/2025, que introduce una reforma estructural en la Policía Federal Argentina (PFA) con el objetivo de modernizar la fuerza y adaptar su labor a los desafíos actuales. La nueva normativa redefine el perfil de la institución y establece una reorganización operativa y administrativa.
El relanzamiento institucional de la PFA sucedió ayer, en un acto que protagonizaron el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Nuestro Gobierno lleva adelante las políticas de seguridad siguiendo tres ejes: el que las hace las paga, o sea que la justicia se debe cumplir siempre y en todo lugar; segundo, las reglas se respetan, por eso terminamos con los piquetes, y tercero, los de azul son los buenos”, había destacado el mandatario nacional.
Y determinó: “Vamos a reformar el perfil de los investigadores, vamos a capacitar en técnicas investigativas. Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI. Vamos a hacer las inversiones que hagan falta. Esto es simple, el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”.
Cambios principales, personal y financiación
La principal modificación reside en el cambio de misión de la PFA, cuya labor central pasa a ser la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, dirigido especialmente a la desarticulación de organizaciones criminales.
Esta transformación implica dejar atrás su antiguo rol en cuestiones de seguridad local dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, función que fue transferida al ámbito porteño tras el acuerdo sellado en 2016. Con la derogación del decreto-ley de 1958, el nuevo estatuto estructura a la fuerza en dos áreas clave: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC).
Entre los cambios operativos, el Ministerio de Seguridad establecerá anualmente un tope de nuevos suboficiales, un número que no superará el registrado en 2025 y que irá disminuyendo de manera paulatina. Este recorte en el ingreso de personal conlleva una reducción progresiva del tamaño de la fuerza y un giro en su perfil operativo, orientándolo hacia tareas de inteligencia e investigación criminal.
Los recursos que se ahorren gracias al nuevo cupo de ingresos se derivarán a un Programa de Modernización de la PFA. Este fondo permitirá inversiones en equipamiento, tecnología y cambios en los procesos internos, con la idea de dotar a la institución de herramientas más modernas y eficientes frente al delito complejo.
Nuevas facultades, liderazgos y controles internos
En su nueva configuración, la PFA actuará como auxiliar de la Justicia en investigaciones sobre delitos federales, fortalecerá la coordinación con otras fuerzas nacionales e internacionales y sumará tareas de inteligencia reguladas por la Ley 25.520. Además, podrá intervenir en espacios digitales públicos —como redes sociales y sitios web abiertos— para tareas de prevención, siempre con el compromiso de respetar los derechos fundamentales de las personas.
El nuevo estatuto también modifica el esquema de liderazgo y control interno. Tanto la Jefatura como la Subjefatura de la PFA serán designadas por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Seguridad. Por primera vez, la normativa permite que, en circunstancias excepcionales, se nombren personas ajenas a la fuerza para estos cargos.
Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Internos verá reforzada su autonomía y vinculación con el Ministerio de Seguridad. Este organismo podrá iniciar investigaciones, realizar sumarios y supervisar la integridad de la fuerza, garantizando un control más riguroso y transparente. Todo traslado de personal en este sector debe ser debidamente fundamentado e informado a la cartera nacional, que tendrá la capacidad de revisar o anular las medidas que considere improcedentes.
Con estos cambios, el Gobierno nacional busca fortalecer el perfil federal de la PFA, reforzar el control civil sobre la fuerza y adecuarla a las problemáticas actuales del crimen organizado, marcando un punto de inflexión en la historia de una de las instituciones más emblemáticas del sistema de seguridad argentino.
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El giro de fondos se concretó luego de un mes sin distribución de ATN y en medio de las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por el presupuesto y las reformas que impulsa el Ejecutivo. Con $20.000 millones, Tucumán encabezó el ranking de transferencias discrecionales y se convirtió en la primera provincia en beneficiarse en esta nueva etapa de diálogo con la Nación.
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Utilizó identidades y matrículas ajenas para engañar a múltiples víctimas con causas inexistentes y documentos falsos. También fue responsable de una amenaza de bomba al Palacio de Tribunales y deberá pagar un resarcimiento millonario.
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