El Gobierno ordenó desclasificar archivos de la última dictadura y reconocer un crimen como de lesa humanidad

El gobierno del presidente Javier Milei ordenó la desclasificación total de los documentos relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un mensaje grabado desde la Casa Rosada. La medida también incluye información de otros períodos en los que las Fuerzas hayan estado involucradas.

Según explicó Adorni, la decisión busca dar cumplimiento al decreto 4/2010, emitido durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero que nunca se implementó en su totalidad. Como parte de la medida, los archivos bajo custodia de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) serán transferidos al Archivo General de la Nación, donde podrán ser consultados como documentos históricos.

“Durante décadas, estos archivos permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de los eslóganes sobre memoria, verdad y justicia, los documentos fueron utilizados como un botín de guerra con fines políticos”, sostuvo el vocero presidencial.

Además, el Gobierno anunció que reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el atentado contra la familia del capitán Humberto Viola, ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán, como un crimen de lesa humanidad. En ese ataque, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Viola y su hija de tres años fueron asesinados, mientras que su esposa y su otra hija resultaron heridas.

Hasta ahora, la Justicia no consideraba el caso como un delito de lesa humanidad, lo que impedía su reapertura. Con esta decisión, el Gobierno también impulsará un proyecto de ley en el Congreso para declarar la imprescriptibilidad de estos delitos.

El anuncio se da en el marco de un fuerte ajuste en la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), donde se ha reducido el 60% del personal. También se produjo recientemente el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencia del Terrorismo de Estado, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).