La medida fue tomada tras detectarse irregularidades en la comercialización de terrenos en la Reserva Natural La Angostura. El caso incluye una denuncia penal contra el responsable del “Loteo Gaucho Castro” y una investigación judicial que involucra a exfuncionarios y empleados públicos.
Política27 de enero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidió desarticular la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia tras la polémica generada por la venta irregular de tierras fiscales pertenecientes a la Reserva Natural La Angostura. Además, se abrió un sumario administrativo contra dos empleados de la repartición, según consta en un decreto acuerdo al que accedió LA GACETA.
El caso se originó en octubre, cuando empleados estatales detectaron ocupaciones ilegales en la zona protegida de El Mollar. Ante esta situación, la Policía desmanteló cercados instalados en el lugar, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, solicitó una medida judicial de no innovar. La jueza interviniente aceptó el pedido, suspendió la venta de lotes y ordenó detener las construcciones.
La Provincia, al analizar la documentación presentada por los compradores, descubrió una presunta maniobra para comercializar tierras estatales. Por ello, se presentó una denuncia penal contra el responsable del denominado proyecto “Loteo Gaucho Castro” por los delitos de usurpación y estafa.
La investigación judicial incluye a exfuncionarios provinciales y empleados públicos. En este contexto, Jaldo emitió un decreto ordenando la disolución inmediata de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como el cese de sus autoridades y direcciones. La medida, según el decreto, responde a las irregularidades detectadas en el marco de las investigaciones judiciales.
El decreto también transfiere las funciones de la Subsecretaría disuelta a la Dirección General de Catastro de la Provincia, incluyendo la aplicación de leyes provinciales y nacionales relacionadas con la regularización dominial. Además, Catastro deberá realizar un relevamiento de las actuaciones en curso para proveer información a las autoridades judiciales que investigan la causa.
Por otro lado, el Ejecutivo provincial dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas contra los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y Pablo Rafael Trujillo, vinculados a la causa judicial.
El caso ya cuenta con 14 damnificados que se presentaron en los Tribunales, aunque se estima que la cifra podría aumentar con el avance de la investigación, ya que habría más afectados por la presunta estafa.
Las estadísticas criminales preliminares ubicaron a Tucumán entre las provincias con mejores indicadores de seguridad del país. Los homicidios dolosos bajaron de 67 a 46 casos y los delitos contra la propiedad descendieron más del 20%, superando la media nacional.
Tras el colapso de parte de la calzada por el desborde del río, la Dirección Provincial de Vialidad ejecuta una maniobra hidráulica clave para trabajar en seco y reconstruir el terraplén y la estructura de la ruta. El operativo es supervisado por el Gobierno provincial, con maquinaria pesada y seguimiento técnico permanente para restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad vial.
Guillermo Alfredo Norry asumió como interventor y Antonio Daniel Bustamante como subinterventor de la entidad. El Gobernador remarcó el carácter institucional de la decisión y destacó el rol social y financiero de la Caja Popular en la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que se adecuará un pabellón en la cárcel de Benjamín Paz para alojar a menores involucrados en delitos graves, siempre por decisión judicial. La medida se enmarca en un proyecto que busca sanciones más severas ante homicidios cometidos por menores de edad.
El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó a sectores de la oposición por el uso político y mediático de situaciones sensibles, como los hechos de inseguridad y las consecuencias del temporal en el interior provincial.
Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales realizaron recorridos preventivos en la cuenca del río Salí para reforzar la seguridad, retirar pescadores y hacer cumplir la veda dispuesta desde el 12 de diciembre. Durante los operativos se labraron infracciones, se secuestraron elementos de pesca y una motocicleta por faltas a la normativa vigente.
Un helicóptero de Defensa Civil evacuó a familias afectadas por las inundaciones en la localidad de Niogasta. El operativo incluyó apoyo sanitario, corte preventivo de tránsito y traslado de los evacuados al CAPS de Monteagudo, donde fueron asistidos y se constató que se encontraban en buen estado de salud.
Autoridades municipales y provinciales realizaron una recorrida técnica en la zona de calle San Martín para evaluar el estado del río Chirimayo y coordinar acciones de cara a futuras obras que permitan reforzar la seguridad en los sectores cercanos al cauce.
Durante un control preventivo realizado este viernes al mediodía, personal policial recuperó una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de diez años. El conductor quedó vinculado a una causa por encubrimiento.
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