El gobernador Jaldo disuelve organismo provincial tras escándalo por venta ilegal de tierras fiscales

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidió desarticular la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia tras la polémica generada por la venta irregular de tierras fiscales pertenecientes a la Reserva Natural La Angostura. Además, se abrió un sumario administrativo contra dos empleados de la repartición, según consta en un decreto acuerdo al que accedió LA GACETA.

El caso se originó en octubre, cuando empleados estatales detectaron ocupaciones ilegales en la zona protegida de El Mollar. Ante esta situación, la Policía desmanteló cercados instalados en el lugar, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, solicitó una medida judicial de no innovar. La jueza interviniente aceptó el pedido, suspendió la venta de lotes y ordenó detener las construcciones.

La Provincia, al analizar la documentación presentada por los compradores, descubrió una presunta maniobra para comercializar tierras estatales. Por ello, se presentó una denuncia penal contra el responsable del denominado proyecto “Loteo Gaucho Castro” por los delitos de usurpación y estafa.

La investigación judicial incluye a exfuncionarios provinciales y empleados públicos. En este contexto, Jaldo emitió un decreto ordenando la disolución inmediata de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como el cese de sus autoridades y direcciones. La medida, según el decreto, responde a las irregularidades detectadas en el marco de las investigaciones judiciales.

El decreto también transfiere las funciones de la Subsecretaría disuelta a la Dirección General de Catastro de la Provincia, incluyendo la aplicación de leyes provinciales y nacionales relacionadas con la regularización dominial. Además, Catastro deberá realizar un relevamiento de las actuaciones en curso para proveer información a las autoridades judiciales que investigan la causa.

Por otro lado, el Ejecutivo provincial dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas contra los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y Pablo Rafael Trujillo, vinculados a la causa judicial.

El caso ya cuenta con 14 damnificados que se presentaron en los Tribunales, aunque se estima que la cifra podría aumentar con el avance de la investigación, ya que habría más afectados por la presunta estafa.