El Gobierno impulsa una ley de divorcio exprés que simplifica el trámite administrativo

El Gobierno argentino ha dado un paso significativo hacia la simplificación de los trámites de divorcio con la presentación de la Ley Hojarasca, que permite disolver matrimonios de manera administrativa ante el Registro Civil, sin necesidad de un proceso judicial. Este proyecto, junto a otros dos enfocados en la modernización del sistema judicial, fue enviado al Congreso por el Ministerio de Desregularización.

La nueva legislación modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, añadiendo el "divorcio en sede administrativa" como una de las causas para la disolución del matrimonio, junto a la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia y el divorcio judicialmente declarado. La norma establece que el trámite administrativo podrá realizarse exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges ante el oficial público correspondiente al último domicilio conyugal.

Además, se busca reducir los costos asociados a los trámites de divorcio. La ley también modifica el artículo 51 de la Ley 26.413, que regula la inscripción de matrimonios y divorcios, incluyendo ahora las disoluciones administrativas entre los eventos a registrar.

Paralelamente, el Ejecutivo ha presentado la "Ley de Modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia", diseñada para reducir la burocracia en el sistema judicial. Esta normativa contempla un cambio hacia procesos más digitales, eliminando la obligatoriedad de publicar edictos en diarios y permitiendo su difusión únicamente en el Boletín Oficial.

Entre otros cambios, se propone que los fondos judiciales ya no estén restringidos al Banco Nación, permitiendo su depósito en cualquier entidad financiera donde el Estado tenga participación accionaria. Asimismo, los bienes incautados podrán ser depositados en diversas instituciones financieras, facilitando la gestión y el acceso a estos recursos.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca no solo modernizar el sistema judicial argentino, sino también hacerlo más accesible y eficiente para los ciudadanos, acortando los tiempos de espera y reduciendo los costos asociados a los procedimientos legales.