La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad dio dictamen favorable a la aplicación de una suspensión del juicio a prueba en favor del imputado. Realizará trabajos en una parroquia y pagará la suma de $2.400.000 a los damnificados.
Locales17 de mayo de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEn una audiencia realizada este viernes, se hizo lugar a una suspensión de juicio a prueba a favor de un hombre de 46 años, quien enfrentaba dos acusaciones por estafas mediante engaños con comprobantes que simulaban transferencias bancarias.
La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, que conduce Mónica García de Targa, quien dio dictamen favorable para la aplicación de dicha probation, cuyo plazo será por el término de un año.
El hombre tenía denuncias por un hecho ocurrido en noviembre del año pasado y otro en febrero de este año. Según la acusación, en el primer caso el sujeto se había aprovechado de la necesidad de dinero de un hombre con el que acordó que le transferiría $4.000.000 a diferentes cuentas. A cambio, la víctima realizaría compras de electrodomésticos y vestimenta con su tarjeta de crédito. Para ello, el imputado envió comprobantes de transferencias falsos para hacer creer que las operaciones se habían realizado, situación que generó confianza en el damnificado que realizó las compras pactadas hasta que descubrió que las transferencias nunca se habían realizado, quedando con la deuda de las compras y sufriendo un perjuicio económico de $2.063.998.
La otra denuncia es de febrero de este año. En esa oportunidad el individuo se contactó con un hombre para comprar una cadena de oro. Ambos acordaron encontrarse en una estación de servicios para realizar la transacción y antes del encuentro, el acusado envió a la víctima un comprobante de transferencia falso por el monto acordado, con el fin de hacerle creer que había realizado el pago. Este último entregó la cadena, pero luego descubrió que el comprobante era falso y que había sido engañado.
Reparación económica y tareas comunitarias
La aplicación de la suspensión de juicio a prueba por 12 meses fue validada por el juez interviniente. Entre los términos acordados entre las partes se estableció que el imputado deberá realizar tareas comunitarias todas las semanas en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Concepción y el pago de una reparación económica a cada una de las víctimas afectadas por sus acciones fraudulentas. Este pago se realizará en dos cuotas mensuales y consecutivas de $1.200.000 a cada uno de los damnificados.
Asimismo, por pedido del Ministerio Público Fiscal se dispuso que el vehículo del acusado, secuestrado en el marco de la investigación, permanezca retenido en garantía hasta que este finalice el pago estipulado.
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