Bajo la Lupa NoticiasEl vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que el Gobierno revisará todos los contratos y nombramientos en el Estado del último año, y adelantó que se sancionará a aquellos trabajadores que se nieguen a brindar información. “Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse”, planteó en conferencia de prensa.
“Estamos haciendo lo imposible en el cortísimo plazo para evitar la catástrofe”, señaló, y agregó: “No se va a dejar de ayudar a quien lo necesita porque entendemos la gravedad de la situación”.
El funcionario, además, ratificó que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunciará el detalle del “paquete de urgencia económica” después de las 17, tras el cierre de los mercados. “La situación es crítica, lo vemos en la foto de la Argentina con 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada”, diagnosticó.
Adorni, además, explicó que en las primeras 48 horas de gestión “la reducción (dentro del Estado) de diferentes niveles de funcionarios es del 34%”. “El ‘no hay plata’ tiene que tener medidas concretas. Se pasó de 18 a 9 ministerios; de 106 a 54 secretarías; y de 182 a 140 subsecretarías”, sostuvo, y completó: “Nos encaminamos hacia la hiper y la decisión es evitarla”.
A la espera de estas primeras medida, las operaciones del Banco Central ayer fueron mínimas en el mercado único de cambios mayorista a partir de la regla de conformidad que estableció la autoridad monetaria, en momentos en que todavía no terminan de salir los ejecutivos del BCRA salientes y no se concretaron los ingresos de los nuevos funcionarios. Misma situación ocurrirá en las primeras horas de hoy.
Empleo militante y piquetes
En otro pasaje de la conferencia de prensa, el vocero fue consultado sobre su expresión de empleo militante para justificar la revisión de los contratos en el Estado. “Es el empleo que no queremos en el Estado; nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña. Y en eso tiene la decisión el Presidente de no ceder, en que se revalorice el empleo público y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal”, detalló.
“Los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos, en un país que tiene 45% de pobres, hay 4.5 millones que son indigentes. Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la Argentina por respeto a la gente que no come y a la que perdió condiciones de dignidad elementales”, amplió.
