El Ministerio Público Fiscal de Tucumán cuenta, en su Centro Judicial de Capital, con 3.300 armas que ya se encuentran listas para que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) las retire y proceda a su destrucción. Se trata de un riguroso trabajo que el MPF lleva adelante a partir de la gestión el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, además de ser un proyecto sin precedentes en la provincia y en toda la región noroeste. 
En total, en el edificio de avenida Sarmiento 431, hay alrededor de 7.000 armas bajo custodia, de las cuales 3.300 ya están etiquetadas y en condiciones de ser destruidas. Dichas armas, que corresponden a secuestros de causas concluidas, fueron recogidas entre los años 1999 y 2019, precisaron desde la Oficina de Efectos Secuestrados del MPF. 

El Ministerio Fiscal, a través de su secretaria Judicial, hace seis meses que mantiene un diálogo con la ANMAC y su director de Fiscalización, Rodrigo Suárez, solicitando que las mismas sean retiradas y trasladas para su destrucción, pero desde el organismo aducen problemas de logística para concretar esta etapa final del proceso. 

El proyecto para la destrucción de armas, encabezado por el MPF tucumano, comenzó en 2019 con la clasificación de las mismas junto con las unidades fiscales, las que se encargaron de informar cuáles eran las estaban en condiciones de ser destruidas porque ya habían finalizado su etapa de investigación.