El jueves pasado murieron Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia y Micaela Rocío Mendoza (foto), que se encontraban privadas de libertad en la Brigada Femenina de la Policía, en la ciudad de Concepción. La versión policial que circuló y se instaló rápidamente fue que una de las víctimas dañó un plafón y a partir de ahí se desató la tragedia y que las tres oficiales que se encontraban de guardia esa tarde no pudieron ingresar. Algunos vecinos -y no la policía- alertados por el humo, llamaron a los bomberos que nada pudieron hacer para evitar la muerte de estas personas. Una quinta detenida pudo sobrevivir. 

Mientras se investiga el hecho, pasaron a disponibilidad a las tres oficiales que se encontraban de turno en el lugar y también a la Jefa de la Brigada. Desde la querella que representa a la familia de Rocío Micaela Mendoza tienen indicios para sospechar del relato oficial, más aún si tenemos en cuenta la historia de masacres en contexto de encierro. 

Benito Allende representa a Virginia Santana, mamá de Rocío, en dialogo con este medio dio detalles de la causa y esperando que los confirmen como parte querellante para poder acceder al expediente, no tiene duda en señalar la responsabilidad estatal de estas muertes; “existe una responsabilidad directa por parte del personal policial de la guardia que se encontraba ahí, existe una responsabilidad directa del ministerio público fiscal y por parte de cierto sector de los operadores jurídicos porque las personas una vez condenadas tienen que ser llevadas a un servicio penitenciario”.

El abogado habla de una responsabilidad anterior: tres de las chicas, entre ellas Mendoza, ya tenían condena y por la ley 24.660 debía cumplirse en el servicio penitenciario y no en la Brigada.  Además de estar ilegalmente detenidas, Allende relata las condiciones en las que se encontraban las detenidas: “las tenían encerradas en condiciones infrahumanas, donde dormían en un colchón tirado en el suelo. Hay dos de las chicas que son de San Miguel de Tucumán y ante la falta de cupo en dependencias de la capital las llevaron a Concepción, con lo que eso implica. Al estar privadas de libertad en la comisaría, también tienen que llevarle los familiares todos los días la comida, sino no comían. La situación en la que se encontraban estas chicas atentaba con lo último que se puede atentar que es la dignidad humana” aseveró el abogado.

La dudosa versión oficial

La familia de Rocío Micaela Mendoza descree de la versión oficial y el abogado explica los motivos, “lo que sí llama la atención a la madre es que la guardia que estaba ese día a cargo de la unidad policial ya tenía diferencias con las internas. Porque ellas constantemente reclamaban el traslado al servicio penitenciario y recibían una serie de maltratos, casualmente de esa guardia".

El abogado cuenta a BLL que la madre de la joven Mendoza, cuando va al hospital para reconocer el cuerpo, se cruza con las tres femeninas que estaban ese día encargadas de la comisaría; "lejos de estar lastimadas o en una situación que dé cuenta de que trataron de prestar auxilio, no tenían ni siquiera sucia la ropa de trabajo. Lo que se está diciendo, viendo, lo que manifiestan testigos que vamos a incorporar ala causa, es una diferencia muy grande. Esas tres oficiales ya tenían diferencia con las personas que estaban privadas de libertad y atendían mal a los familiares cuando iban. Y en el hospital estas personas no estaban ni siquiera lastimadas, no tenían nada. Por lo tanto esta versión que han hecho circular, de que se quemaron, de que trataron de prestar auxilio, quedaría por tierra si se comprueba lo que mi cliente ha manifestado “.

Como dijo Victoria, la mamá de Micaela, “nada más quiero que se haga justicia. No va a quedar esto así, por muchas chicas y chicos que pueden pasar lo mismo“.