Bajo la Lupa Noticias
El mismo cuenta con el acompañamiento de los legisladores Walter Berarducci, Raul Pellegrini y Roque Tobias Álvarez.
Mediante esta iniciativa se apunta a un cambio en la redacción de los artículos 84 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley provincial N°6238) que establecen la jurisdicción del Centro Judicial de Concepción y Monteros respectivamente. En efecto, se prevé que la misma quede determinada por el límite natural que representa el cauce del Río Seco de manera que, en el caso del Centro Judicial Concepción comprenda el territorio ubicado hacia el sur abarcando los departamentos de Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros y parte de Simoca. Por su parte, la jurisdicción territorial del Centro Judicial Monteros comprendería los departamentos de Tafí del Valle, Famaillá, Monteros y parte de Simoca, siendo su límite sur el cauce del Río Seco.
Albarracín considera que "es necesario dar una respuesta formal y concreta a reiterados pedidos realizados por los habitantes de distintas localidades quienes se ven muchas veces privados del derecho fundamental de acceso a la Justicia".
El parlamentario advierte que "los mismos, en ocasiones, se ven obligados de desistir de sus reclamos por la lejanía y los altos costos económicos que les demanda el traslado hacia los tribunales ordinarios de la ciudad de Monteros en busca de justicia a los diversos conflictos jurídicos, encontrándose de esta manera en un estado de vulnerabilidad social, económica y legal".
Entre los fundamentos del proyecto cabe destacar la situación de las localidades de Ciudacita, ubicada aproximadamente a unos 49 kilómetros y de Monteagudo a 51 kilómetros de la ciudad de Monteros, las cuales tienen asentada allí su jurisdicción natural. Los habitantes de estos pueblos deben viajar más lejos y gastar más dinero en el traslado a esa ciudad. En cambio, si la jurisdicción fuera la del Centro Judicial Concepción estarían aproximadamente a 27 km Ciudacita y Monteagudo a 38 km de esta ciudad. Muchas personas tendrían acceso más rápido y menos costoso a la Justicia.
Finalmente, otra razón que justifica el cambio de jurisdicción es el mal estado de las rutas provinciales los cuales provocan daños económicos y hasta pone en riesgo las vidas de quienes circulan por las mismas.
