"Respecto del conflicto de público conocimiento es oportuno dejar aclarada la situación para evitar malas interpretaciones.

1) Dos Sres. Concejales (Juan José Vargas y Gabriel Jimenez) presentaron un proyecto de comunicación a través del cual, prejuzgando conductas (inacción, negligencia) sobre un proceso judicial aún no concluido, piden la presencia del Sr. Secretario de gobierno (Julio Cesar Herrera) en el recinto.

2) Los Concejales presentantes, junto a su líder político (Raúl Albarracin), quien por su condición sabe que el juicio no ha terminado, mandan el proyecto a todos los medios y formulan declaraciones públicas imprudentes y presuntuosas sobre el caso, antes que el mismo sea tratado en sesión.

3) El Secretario de gobierno se presenta espontáneamente y brinda explicaciones del proceso, deja copia de todo lo actuado, y rechaza enérgicamente las imputaciones contenidas en el proyecto (inacción, falta de diligencia, etc).

4) Los Concejales firmantes del proyecto que originó el conflicto, fijaron su posición, pero no obstante haber escuchado las explicaciones y tener copia de todo el expediente, vuelven a los medios pretendiendo victimizarse por lo que ellos mismos causaron.

Conclusión: este conflicto no le hace nada bien a la lucha contra la corrupción planteada con coraje por el Sr. Intendente, ante una Justicia cuya independencia se encuentra seriamente cuestionada en nuestra provincia (vg. todos los miembros del más Alto Tribunal, la Corte Suprema, fueron funcionarios del Poder Ejecutivo provincial meses antes de asumir).

Por otro lado, no se justifica la imprudencia de "hacer política" con un asunto aún no resuelto, resaltando y teniendo como verdad única, de manera apresurada, una sentencia basada solamente en un supuesto vencimiento de plazo que, como lo dijo el Sr. Fiscal, y lo interpretan muchos letrados especialistas en derecho penal, recién empezó a correr con la formulación de cargos en Febrero de 2.020, razón por la cual existen probabilidades ciertas que el Tribunal Superior revoque la sentencia y mande a investigar los delitos, sin dejar inconclusa una causa de importancia para toda la ciudadanía, quien debe conocer el fondo de la cuestión, cómo fueron los hechos denunciados, donde fueron a parar los 8 millones de pesos del erario público municipal".