El Gobierno de Juan Manzur tiene tres días para explicarle a la Justicia los motivos que derivaron en la suspensión del pago del último tramo de la cláusula gatillo. 

Hoy, dirigentes de un sector de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevaron a la Casa de Gobierno el oficio judicial, en el que se concede el plazo para que Fiscalía de Estado envíe los antecedentes de la medida. 

El oficio, dictado por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, precisa que el fiscal de Estado, Federico Nazur, debe informar "de manera circunstanciada, los antecedentes, motivos y fundamentos de la actuación impugnada, los preceptos legales en que se funda y la prueba que existe acerca de la posición procesal de la parte actora".

Tras la primera semana de 2020, el gobernador Manzur firmó el decreto acuerdo 1/1, que establece una serie de directivas destinadas a la contracción del gasto público. Entre ellas, la suspensión de la actualización salarial correspondiente a la inflación acumulada en octubre, noviembre y diciembre, según los parámetros del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). En las paritarias 2019 se había previsto que, por planilla separada, el Estado provincial fuera ajustando los haberes periódicamente. Pero, según el Gobierno, el erario no está en condiciones de afrontar una suba cercana al 10,5% en los salarios estatales (significa unos $600 millones extra por mes).

El oficio a la Casa de Gobierno se dictó en el marco de la causa iniciada por Gustavo Salas Correa, de una línea disidente de ATE. El dirigente planteó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de amparo para declarar nulo todo el decreto, y un pedido de que se dicte una cautelar de no innovar para que el PE no aplique el recorte. Además hay otros cinco planteos judiciales en contra de la suspensión de la cláusula gatillo.

Fuente: La Gaceta