El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció que el Gobierno les va a quitar a las empresas privadas la concesión de “seis corredores viales” y de sus respectivos peajes, ya que en su opinión el Estado “puede gerenciar lo público de una manera mucho más clara, eficiente e integral”.

“Yo ya tomé la decisión de quitarle (a las compañías) la administración y el mantenimiento de seis rutas importantes de la Argentina, porque estamos convencidos de que en manos de Vialidad vamos a poder cumplir de una manera mucho más eficiente el trabajo”, explicó.

Durante una entrevista en C5N, el funcionario adelantó que, además, su administración va a revisar “cada una de las concesiones” que están vigentes, pero ya confirmó que “en los próximos 30, 60 y 90 días" se va a anunciar “la estatización del control” de “la Ruta Nacional 34, que llega cerquita de Santa Fe” y de "otras que pasan por Córdoba”.

Entre otras cuestiones, Katopodis sostuvo que “claramente no hay inversión ni mantenimiento” por parte de las compañías que administran estos corredores, por lo que señaló que el Gobierno “puede gerenciar lo público de una manera mucho más clara, eficiente e integral”.
“Cuatro mil millones de pesos de subsidio les paga el Estado a muchas de estas empresas privadas que plantean que con el cobro del peaje no pueden hacer las obras necesarias. Es decir, además de cobrarles a cada uno de los automóviles que pasan por las barreras, el Estado les transfiere $4 mil millones por año en función de compensaciones que estamos revisando”, agregó.

Por otra parte, el ex intendente de San Martín dijo haber encontrado “un Ministerio dinamitado, que tiene deudas enormes con muchas empresas de la construcción" y con gobernadores que le traen “todos los días ejemplos de viviendas, acueductos y rutas que están paralizadas, que en los últimos dos o tres años se han ido suspendiendo”.

En este sentido, remarcó que su prioridad es "reactivar esas obras y, en paralelo, realizar una auditoría sobre todo lo que se ha hecho”, ya que ha tenido conocimiento de ciertas irregularidades. Por ejemplo, citó el caso de funcionarios de Vialidad Nacional “con sueldos de 180 mil pesos que antes cumplían roles gerenciales en las mismas empresas concesionarias de las rutas”.

“Yo me entrevisté con muchos empleados que hicieron las denuncias (contra las autoridades de la gestión anterior) y que incluso fueron cesanteados y creemos que tienen que volver al organismo. Creemos que el organismo tiene que volver a ser de los trabajadores. Tenemos que acordar una agenda con los gobernadores y con los intendentes para garantizar que las obras sean y respondan a la realidad de cada localidad”, cerró.