Bajo la Lupa NoticiasParaguay atraviesa una profunda crisis política e institucional. El Senado resolvió este viernes destituir al presidente Santiago Peña, de 47 años, tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político. La decisión fue aprobada por los 44 legisladores presentes, mientras que un senador estuvo ausente.
Apenas minutos después de la votación, la Fiscalía ordenó la detención de Peña en su domicilio de Asunción, en el marco de la investigación por el cierre de Ueno Bank, que afectó a millones de ahorristas. El exmandatario está acusado de presunta lesión de confianza y otros delitos. En la misma causa también se dispuso el arresto del expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
Peña no estuvo presente durante la sesión del Senado. Había sido convocado para ejercer su defensa, pero decidió no concurrir y delegó esa tarea en sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
Con esta decisión, se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El único antecedente fue Fernando Lugo, removido de su cargo en junio de 2012.
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia. Durante la ceremonia pidió templanza para afrontar la situación y aseguró: “Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante”.
La crisis de Ueno Bank, en el centro de la investigación
La destitución de Peña se produjo en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay. La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y había recibido importantes sumas de dinero de organismos públicos durante la gestión del ahora exmandatario.
El cierre dejó a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros y generó especial preocupación entre los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).
Durante el proceso político, diputados denunciaron un presunto perjuicio de unos 1.200 millones de dólares para el Estado paraguayo. También cuestionaron los vínculos de Peña con la entidad financiera y el supuesto direccionamiento de fondos públicos hacia el banco.
Uno de los puntos centrales del juicio político estuvo relacionado con las consecuencias institucionales de la destitución. Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios y contar con inmunidad parlamentaria, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Con la condena, Peña pierde ese beneficio y queda expuesto a eventuales procesos penales sin necesidad de un trámite previo de desafuero.
Antes de la decisión del Senado, Peña había anunciado su renuncia mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. Sin embargo, la dimisión no había sido tratada por el Congreso debido a la falta de quórum.
En ese mensaje, el entonces mandatario sostuvo que buscaba evitar que su continuidad profundizara la crisis política. “No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, expresó. También convocó a los paraguayos a trabajar para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
