Acevedo defendió la desvinculación de una empleada legislativa tras el caso de los 470 kilos de cocaína en Famaillá

El vicegobernador Miguel Acevedo se expresó esta mañana sobre la desvinculación de una empleada legislativa en el marco del caso del secuestro de 470 kilos de cocaína ocurrido en Famaillá, semanas atrás. “Era personal de bloque. Ese bloque decidió la separación en ese mismo instante. Nosotros normalmente somos respetuosos de la Justicia, de los pasos que debe dar, pero en esta oportunidad el bloque decidió decir ‘esta empleada ya no trabaja más con nosotros, no es empleada de la Legislatura’. Respeto la decisión que han tomado el bloque”, mencionó en rueda de prensa.

El presidente de la Cámara consideró que “la Justicia tiene que avanzar” en la investigación del caso. En ese sentido, desarrolló que lo que se buscó desde la Legislatura es cuidar la institucionalidad. “Creo que esto no afecta”, subrayó. A su vez, aclaró que la empleada desvinculada es esposa de uno de los involucrados y será la Justicia la que determine alguna culpabilidad sobre esa persona. “El único vínculo que tiene es que esa esposa sí trabajaba en un bloque de la Legislatura y cuando se conocieron los hechos inmediatamente se pidió su desvinculación”, respondió ante una consulta de CCC.

La semana pasada trascendió que uno de los detenidos mantendría un vínculo con una empleada que trabajaba en la Cámara. De acuerdo con esa versión, el vicegobernador Miguel Acevedo habría convocado a una legisladora opositora para consultarle si era cierta la información que circulaba en los pasillos del edificio de Muñecas al 900. Tras recibir una respuesta afirmativa, habría solicitado que se pusiera fin a la relación laboral de la trabajadora.

Vale aclarar que la mujer no aparece mencionada en el expediente ni fue vinculada formalmente a la causa judicial. Este sería el segundo nexo político que surge alrededor de la investigación. El primero fue la confirmación de que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular (MUP).

Quién es quién en el expediente

- Marcos Nacif: fue detenido cuando transportaba la droga en la Toyota Hilux. Señaló que Pablo Abraham Pérez lo había contratado para que llevara bidones con combustible hasta la entrada de Chicligasta, donde lo esperarían otras personas. En un principio había anunciado su intención de aportar todos los datos necesarios para demostrar su inocencia. Tenía previsto ampliar su declaración, pero luego desistió. Ahora, con Javier Lobo Aragón (h) como defensor, podría romper el silencio.

- Rodrigo “Icha” Chávez: fue el segundo detenido en la causa. Aparece como propietario de la camioneta en la que se trasladó la cocaína. El verdulero y excandidato a concejal de Famaillá por un partido vinculado al manzurismo aseguró que había entregado el vehículo como forma de pago 15 días antes de que se concretara el secuestro de la droga. En el interior de la Hilux hallaron la documentación a su nombre, su DNI y banderas de la agrupación por la que se postuló. Benito Allende intenta demostrar que no tuvo ninguna participación en la maniobra investigada.

- Pablo Abraham Pérez: empresario de la noche famaillense, transportista y vinculado a la compra y venta de automóviles, se presentó ante las autoridades luego de que se confirmara que existía una orden de detención en su contra. Según la investigación, el jueves 4 estacionó en la playa de una estación de servicio la camioneta en la que se transportaba la droga. El vehículo permaneció allí durante una hora sin ningún tipo de custodia. Su defensor, Ernesto García Biagosch, analiza cuándo declarará.

- Matías Díaz: comerciante vinculado a la compra y venta de vehículos usados y relacionado con Abraham Pérez. Estuvo reunido con él antes de que se concretara el secuestro de la droga en la estación de servicio. Los investigadores descubrieron que su esposa, que no tiene trabajo formal declarado, figura como propietaria de dos camionetas de alta gama y de un camión con acoplado.

- Enrique Santos Catulo: el condenado en el juicio contra el clan Ale por integrar una asociación ilícita fue detenido en esta causa por haberse reunido con Abraham Pérez en la estación de servicio. Participó en la venta de la camioneta en la que encontraron la droga. Cuando declaró ante la Justicia, confirmó el encuentro con el principal sospechoso, pero aseguró que se trató de una reunión para cobrar una deuda derivada de la venta de otro vehículo. Su primer defensor, José María Molina, solicitó que se le concediera el arresto domiciliario, pero hasta el momento no hubo novedades.

- Fernando Catulo Chamas: se encuentra en una situación similar a la de su padre. Fue quien confirmó que Abraham Pérez se retiró de la estación de servicio en un automóvil y no en la camioneta en la que se transportaba la droga. Su testimonio podría resultar clave para reconstruir los movimientos previos al secuestro de los 470 kilos de cocaína. Sus defensores, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, pidieron su excarcelación./La Gaceta