Con amplia mayoría, la Cámara alta dejó sin efecto los vetos del Ejecutivo y restituyó el pleno vigor de las leyes que garantizan financiamiento a universidades públicas y declararon la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.
Política02 de octubre de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEn un resultado anticipado, el Senado dio hoy una contundente derrota al Gobierno: la oposición rechazó casi en su totalidad los vetos a dos leyes clave. La primera declara la emergencia pediátrica, con el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia en alta complejidad, y la segunda mejora y blinda los presupuestos de las universidades públicas. Ambas normas recuperan así pleno vigor, mientras se aguardan los próximos pasos del Ejecutivo respecto al articulado sobre discapacidad.
Los vetos fueron debatidos de manera conjunta pero votados por separado. La emergencia pediátrica obtuvo 59 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones del Pro (Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala), sobre un total de presentes. En tanto, la iniciativa universitaria logró 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones, más la radical Carolina Losada. De esta manera, ambas leyes superaron los dos tercios necesarios para ser insistidas por el Congreso, bajo la supervisión de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
Emergencia pediátrica
La norma establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial para la atención pediátrica. Además, garantiza la recomposición salarial del personal de salud asistencial y no asistencial, incluyendo a residentes nacionales, con montos no inferiores a los de noviembre de 2023.
Se contempla también la eximición del pago de Ganancias al personal que realice actividades críticas, horas extras o guardias. El Hospital Garrahan queda declarado como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal estimado de julio a diciembre es de $65.573 millones.
Universidades
La ley ordena actualizar desde el 1 de enero de 2025 los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación del IPC informado por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024, con incrementos bimestrales para el corriente año. Además, obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con porcentajes no inferiores al IPC y remunerativos y bonificables.
La norma también establece la obligación de convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, asegurando actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación oficial, para todo el personal de las universidades públicas.
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