La Justicia dictó un mes de prisión preventiva para Liliana Nadir Carrizo, acusada de robar el celular del gobernador Jaldo durante un acto en La Cocha. El hecho fue calificado como hurto simple y no se descartan posibles vínculos con grupos delictivos afectados por políticas oficiales.
Judiciales19 de junio de 2025
Bajo la Lupa NoticiasLa Justicia ordenó un mes de prisión preventiva para Liliana Nadir Carrizo, acusada de haber sustraído el teléfono celular del gobernador Osvaldo Jaldo durante un acto en La Cocha realizada en el día de ayer.
La medida fue dictada por el juez Cristian Velázquez, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal, con adhesión de la Dra. Paula Morales Soria en su rol de querellante y sin oposición del defensor oficial, Dr. Pablo Cannata.
En la audiencia se dispuso el inmediato alojamiento de la imputada en la unidad carcelaria de Benjamín Paz o Delfín Gallo, según disponibilidad y cupo habilitado para mujeres.
La investigación del caso está a cargo del fiscal Fabián Assad del Centro Judicial Concepción, y fue impulsada por la auxiliar fiscal Emilse Guevara.
El hecho fue calificado como Hurto Simple y de acuerdo a lo planteado por el MPF, habría ocurrido durante una salida protocolar del mandatario, donde la acusada accedió al dispositivo personal del gobernador.
“Esta parte querellante reitera que representa a la máxima autoridad institucional de la Provincia, y que este tipo de hechos —por su forma, circunstancias y víctima— exigen una respuesta firme, proporcional y ejemplificadora. El respeto a las instituciones también se defiende en sede judicial, y es nuestro deber como operadores del sistema garantizar que se investigue con celeridad, rigor y respeto al debido proceso” enfatizó la representante del gobernador Jaldo, la abogada Morales Soria.
No se descarta que el hecho pueda estar relacionado a grandes intereses de grupos delictivos que sienten que las medidas que lleva adelante el gobierno de la provincia en la lucha contra el narcomenudeo y el delito van en contra de sus acciones.
La Justicia provincial realizó este martes allanamientos en propiedades del legislador nacional y líder de La Bancaria, y en el estudio jurídico de la abogada Patricia Neme. Ambos son acusados de integrar una red destinada a fabricar pruebas falsas contra jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual.
Juan Armando Jerez, de 28 años, está acusado del asesinato de Camila del Carmen Fernández (25), ocurrido en la noche del 5 de octubre de 2024, en un domicilio del barrio Ampliación Eva Perón de Tafí Viejo. La pretensión punitiva del Ministerio Fiscal es la prisión perpetua.
El imputado, de 21 años, conducía alcoholizado cuando invadió el carril contrario y embistió la moto en la que viajaba la víctima, de 18 años. El hecho ocurrió en junio pasado en la intersección de Tomás Guido y Los Laureles.
El escrito ingresado en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana acusa a Carlos Aníbal Cisneros, diputado nacional y titular de La Bancaria, de liderar una organización destinada a manipular pruebas y testigos en la causa de abuso sexual contra José Ignacio Florentín. La denuncia también alcanza a la abogada Patricia Neme y a M. L. P., quien había denunciado por abuso sexual a Florentín y ahora es señalada por falso testimonio y adulteración de pruebas. Se pide la detención inmediata de varios implicados.
La familia denuncia demoras en las pericias, falta de rastrillajes y ausencia de resultados en la investigación. La madre advierte que sin detenciones no habrá avances en el caso.
La Justicia provincial realizó este martes allanamientos en propiedades del legislador nacional y líder de La Bancaria, y en el estudio jurídico de la abogada Patricia Neme. Ambos son acusados de integrar una red destinada a fabricar pruebas falsas contra jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual.
La medida alcanza también a beneficiarios de la PUAM, pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.
La empresa local anunció un beneficio para sus clientes con el objetivo de incentivar el uso del servicio habilitado y regulado, garantizando seguridad, control y cobertura al pasajero.
El peligroso delincuente de 35 años fue declarado culpable en un juicio abreviado firmado con el Ministerio Fiscal. En el mes de abril protagonizó dos robos a mano armada en locales de la ciudad sureña.
Tras la audiencia del lunes en la que se imputó a un joven de 21 años acusado de provocar el siniestro que le costó la vida a la adolescente, familiares y amigos se movilizaron este jueves frente a tribunales para exigir que quede detenido.