Bajo la Lupa NoticiasEl pasado sábado la Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para Roque Cayetano “Chipy” Giménez, acusado de intimidación pública y atentado contra el orden público, en una causa que fue declarada de “asunto complejo”.
La investigación está a cargo de la fiscal regional Mónica García, del Centro Judicial Concepción, y fue impulsada por el auxiliar fiscal Bernardo Raúl Sassi. La resolución fue dictada por el juez Raúl Ángel Robín Márquez.
“Luego de la aprehensión de “Chipi” Jiménez, esta persona concurrió a la audiencia judicial en la que se le hizo la formulación de cargos y se determinó de acuerdo a las pruebas con que cuenta la Justicia seis meses de prisión preventiva y el traslado inmediato al penal de Benjamín Paz, que se realizó este día con la custodia del personal del Grupo CERO”, informó el director de Investigaciones Capital, Comisario Inspector Diego Bernachi.
“Esta persona cuenta con una causa federal y otra provincial, originada por un audio que se viralizó y en el que se mencionaban algunos delitos de público conocimiento. A raíz de ello, el jefe de Policía ordenó al Departamento Inteligencia que realice una investigación que derivó en un pedido de medidas a la titular de la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial de Concepción, Mónica García de Targa, quien ordenó que se realizaran en la ciudad de Alberdi a cargo del personal de Brigada Sur, dirigida por el Comisario Inspector Carlos Díaz. Estas arrojaron resultados positivos, ya que se secuestraron elementos de interés para la investigación. Además, circularon otros audios que están en poder de la Justicia. Como consecuencia, la fiscal ordenó la inmediata aprehensión de esta persona que se hizo efectiva la semana pasada”, explicó Bernachi.
El “Al Capone” alberdiano fue imputado por su participación en dos hechos relacionados con la difusión de audios, en los que se lo escucha manteniendo conversaciones con el exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos. Según la acusación, los audios revelan maniobras delictivas que involucran manejo de la fuerza policial, tráfico de drogas y amenazas que habrían alterado el orden público. La viralización de estos contenidos coincidió con la intervención del municipio, dispuesta por el Poder Ejecutivo.
Durante la audiencia, Giménez reconoció haber participado en las conversaciones, pero sostuvo que fueron grabadas sin su consentimiento y que sus expresiones respondían a un contexto de amenazas, persecución sindical y abandono institucional. Afirmó haber denunciado reiteradamente a José Ignacio Fúnez y a Coco Rodríguez, a quienes acusó de extorsión y de haberle disparado, sin obtener respuesta de las autoridades.
El Dr. Raúl Eduardo Antoni, defensor del imputado, pidió el sobreseimiento y se opuso a la prisión preventiva, proponiendo como alternativa un arresto domiciliario por razones de salud. No obstante, el auxiliar fiscal Sassi sostuvo que existen riesgos procesales, como posible fuga, entorpecimiento de la investigación y vínculos con otras causas penales. El juez Márquez rechazó los planteos de la defensa y ordenó el traslado de Giménez a la Comunidad Penitenciaria de Benjamín Paz.
La causa continúa abierta y se anticipa que podrían surgir nuevos implicados a medida que avance la investigación.
