Ocurre luego de que el Ministerio Público Fiscal lo acusara por desobediencia judicial y agravara su situación procesal tras dejar al descubierto cómo funcionaba un grupo organizado que estaría liderado por el letrado.
Judiciales28 de febrero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasSu fin habría sido atacar mediáticamente a las instituciones gubernamentales, y en febrero de 2024 habría incentivado al personal policial a realizar una nueva sedición en forma de reclamo por un aumento salarial. Durante su traslado a Benjamín Paz, Morales se descompensó y tuvo que ser internado en el hospital Centro de Salud.
Causa compleja
La investigación fue iniciada por la fiscala Mariana Rivadeneira el 24 de febrero de 2024 luego de que el jefe de Policía, Joaquín Girveau Olleta, presentara capturas de pantalla de cuentas y comentarios de la red social TikTok y de mensajes de un grupo de WhatsApp llamado “Sueldo Policial 2024”, advirtiendo sobre un posible levantamiento policial ante el descontento por su condición salarial.
Ante un informe realizado por la División de Delitos Telemáticos, la titular de la Fiscalía de Delitos Complejos solicitó medidas de allanamiento y la detención contra los policías Adrián Chebbib, Walter Federico Moreno, Eduardo Coria y David Graneros, y el civil Carlos Córdoba. Además, según explicó Rivadeneira, al analizar el celular de Coria encontraron mensajes intercambiados con Morales, quien había publicado videos en TikTok aludiendo que la caída del jefe de Policía estaba próxima e incitaba a una huelga policial. Los seis fueron procesados y privados de su libertad mientras avanzaba la investigación de una causa que fue declarada como asunto complejo desde el primer momento.
El legajo fue incorporando evidencias durante el 2024, y el MPF imputó a cinco personas más: Diego Ibarra, Sergio Ponce, Luis Rivadeo, Ramón Cabrera y Raúl Coronel. También se emitieron diversas resoluciones judiciales, entre ellas una dictada el 15 de octubre por el juez Javier Ortega, en la que se le ordenaba a Morales abstenerse de hacer cualquier tipo de referencia pública sobre la vida privada o realizar comentarios indecorosos sobre el ministro fiscal Edmundo Jiménez y su grupo familiar.
Chats comprometedores
En el marco de la investigación, los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) analizaron los celulares secuestrados y encontraron mensajes que fortalecen la teoría del caso de la Fiscalía sobre el accionar de Morales.
Según explicaron Rivadeneira y la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, de los datos extraídos se identificó un grupo llamado “Toda la Verdad” -mismo nombre que el perfil de TikTok donde se publicaban los videos-, que habría sido liderado por Morales, y que se “dedicaba a generar campañas mediáticas contra instituciones gubernamentales mediante la creación de videos y mensajes coordinados que podrían promover actividades subversivas”.
Algunos de los mensajes enviados por el abogado, y que más llamaron la atención de las investigadoras, fueron: “hagan una movida grande. ¿Por qué no toman la casa de Gobierno? Y a ver si lo sacan al ministro de Seguridad, sí?”; “¿Van a hacer quilombo por el aumento salarial? ¿O se van a subordinar por estos corruptos?”; “Yo tengo gente que se anima a lo que sea”; “¿Ya los citamos a los salvajes para ahí? ¿A los de la banda narco?”.
De los chats también surgieron los nombres de otras personas que habrían colaborado en la publicación de los videos en TikTok. Uno de ellos es el de su community manager, Ramiro Rigo, a quien el abogado le ordenaba -según la acusación- cómo titular los videos y con qué frecuencia publicarlos. En consecuencia, Rivadeneira lo imputó ayer como partícipe necesario del delito de instigación a cometer sedición.
Desobediencia judicial
La representante del MPF también formuló un nuevo cargo en contra de Morales por haber desobedecido la medida judicial ordenada por el magistrado Ortega. “En un video publicado en Instagram y Facebook el 9 de diciembre manifestó: ‘Se llama Edmundo Jesús Jiménez el principal corrupto de la provincia de Tucumán’. El 16 de diciembre en una entrevista televisiva expresó: “Y eso evidentemente incomoda a un Ministro Fiscal octogenario que no sólo carece de idoneidad moral sino además de reflejo de avanzados años’”, citó la fiscala.
Luego de exponer las nuevas evidencias recolectadas en contra de los 12 imputados, Deroy solicitó que Morales y Rigo fueran sometidos a 60 días de prisión preventiva y que los 10 restantes cumplan medidas de menor intensidad hasta que finalice la instancia de Investigación Penal Preparatoria. El pedido fue respaldado por los querellantes Santiago Xamena y José María Molina, que representan al Gobierno de la Provincia, según consigna el diario La Gaceta.
Diego Piedrabuena, codefensor de Morales, se opuso a la acusación y a la medida de coerción de mayor intensidad requerida. “Hay una diferencia de trato respecto de cómo lo trata la Fiscalía a Morales y de cómo trata a los otros imputados. Es llamativo porque parece que fuera una revancha, un estate quieto por haber denunciado al Ministro Fiscal la semana pasada”, dijo haciendo referencia al Jury de Enjuiciamiento que presentó Morales contra Jiménez días atrás.
El imputado, que también ejerce su propia defensa, manifestó que fue acusado injustamente. “Toda la Verdad empieza en septiembre de 2023 y eran columnas de opinión diversas para quien las quiera ver. Hasta el año pasado no conocía a ninguno de los policías imputados, ahora tampoco. Tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”, declaró.
Luego de nueve horas de audiencia, finalmente el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió hacer parcialmente lugar al pedido del MPF y dispuso la preventiva por 30 días para Rigo y Morales y las medidas de menor intensidad para los 10 imputados restantes. Ayer, mientras el abogado era trasladado al penal de Benjamín Paz sufrió una descompensación por lo que tuvo que ser ingresado al hospital Centro de Salud. Hasta el cierre de esta edición, Morales continuaba internado.
El perjuicio a la obra social fue calculado en cerca de 300 millones de pesos. Según la investigación, la maniobra consistía en la falsificación de troqueles de medicamentos y el uso de datos de afiliados de PAMI para cobrar a la prestadora medicamentos que nunca fueron expedidos.
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El siniestro vial ocurrió en horas de la madrugada en una ruta en la región andina de Uyuni. Hay decenas de pasajeros heridos, entre ellos dos niños y también uno de los conductores, en terapia intensiva.
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