Juzgan a un ex intendente de Salvador Mazza y a otras tres personas por trata con fines de explotación sexual a través de una red de “prostitución VIP”

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta inició el viernes pasado el juicio oral y público al exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, y a otras tres personas identificadas como Nancy Viviana Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintian Ramírez —quienes administraban locales donde fueron rescatadas varias de las víctimas en agosto de 2013—por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a través de una red de “prostitución VIP”, que proporcionaba a los clientes viviendas particulares y habitaciones en hoteles como parte del servicio.

Integrado por Gabriela Elisa Catalano (presidenta), Domingo José Batule y María Alejandra Cataldi, el tribunal declaró rebeldes a otras dos personas imputadas, Marisel Llanes —considerada líder de la organización y expareja de Villalba— y a Francisco Marcelo Russo —administrador de un local—, y dictó la orden para su captura, ya que no se presentaron al debate y la policía no pudo dar con ellos al intentar notificarlos.

El juicio abrió con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y con el auto de elevación a juicio dictado por el juez de primera instancia. Dado que los hechos son anteriores a la implementación del proceso acusatorio, el debate se desarrolla con las reglas del Código Procesal Penal de la Nación.

Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar Soledad Cabezas, integrantes del área de Transición de la Unidad Fiscal Salta. Como querellante interviene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP).

En el comienzo, la defensa de Gómez, Baigorria y Ramírez planteó la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio y del auto de elevación a juicio, pues argumentó que en esta última pieza, dictada por el Juzgado Federal N°2 de Salta, se les imputó promoción y facilitación de la prostitución.
A partir de esa calificación, la defensa solicitó la declaración de prescripción de la causa y, por ende, la absolución de sus defendidos, mientras que, de forma subsidiaria, exigió la declaración de incompetencia del tribunal, ya que aquellos delitos no son federales.

Los argumentos fueron rebatidos por la auxiliar fiscal Cabezas, quien, si bien reconoció la disparidad en la calificación legal de ambas piezas, priorizó la acusación del requerimiento fiscal. En tal sentido, calificó de improcedente el planteo defensivo y sostuvo que correspondía a la etapa preliminar, donde ya había obtenido fallos desfavorables.

Por otra parte, resaltó la autonomía del MPF para sostener la acusación y consideró que las dos calificaciones están en pugna y que serán materia de debate, a partir de la prueba que se reproduzca en el juicio. En virtud de ello, requirió el rechazo de los cuestionamientos de las defensas por inadmisible y que se avance con el juicio. La querella, en tanto, adhirió al criterio de la fiscalía, ya que -indicó- la diferencia en materia de calificación no altera la plataforma fáctica a debatir, por lo que no hay vicios ni perjuicios para la defensa.
El tribunal rechazó de manera unánime por inadmisibles los planteos defensivos en base a los argumentos expuestos por las partes acusadoras. Tras la negativa de los/as acusados/as a prestar declaración indagatoria, abrió el juicio a prueba y comenzó a recibir testimonios.

El caso

El proceso penal responde a varias investigaciones, una de ellas impulsada por la exAFIP, a partir de un cotejo de gastos e ingresos de algunos/as de los/as acusados/as, como de vínculos comerciales en Chile.

También existieron denuncias anónimas que, por distintas vías, llegaron a la policía provincial y a la Delegación local de la Policía Federal. Todas dieron cuenta de una red de “prostitución VIP”, que tenía como característica principal que los servicios sexuales no se hacían en locales nocturnos, sino en viviendas particulares u hoteles que se rentaban por día.

De acuerdo con la acusación fiscal, la modalidad buscó favorecer la situación de los clientes y permitió montar una red de trata de personas con fines de explotación sexual, de la cual los/as imputados/as obtenían importantes ganancias. En el proceso se reunió evidencia sobre nexos con otra organización que operaba en la ciudad chilena de Calama.

Para la fiscalía, durante la pesquisa se pudo establecer que los/as acusados/as promocionaban a través de distintos medios, como publicidad en Internet, el ejercicio de la prostitución y facilitaban al cliente el lugar para su ejercicio.

De esta manera -sostuvo la fiscalía en la pieza acusatoria- la organización captó a mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad, que eran obligadas a prostituirse mediante amenazas y otras maniobras de coacción, como la retención del documento de identidad o la generación de supuestas deudas, que no les permitían cortar el vínculo.

Según la fiscalía, Llanes fue la principal responsable de esta red, pues en ella se concentraban las ganancias de esta actividad. La investigación estableció su nexo con el resto de los acusados, entre ellos el exintendente, quien era su pareja y fue sindicado como responsable del traslado de las víctimas para que fueran sometidas a la explotación sexual.

Cómo se desarticuló la organización

Un operativo que incluyó el allanamiento de siete inmuebles el 15 de agosto de 2013 permitió desarticular la organización y poner a salvo a más de 30 víctimas. Los procedimientos derivaron en la detención de los/as acusados/as y en el secuestro de evidencia, como cuadernos de registro de los pases sexuales, dinero producido, lencería y publicidad de los servicios que las víctimas debían ofrecer, en particular en distintos departamentos o casas privadas.

Llanes fue detenida en su domicilio de la capital salteña. En ese momento, la mujer estaba acompañada por Villalba, a quien identificó como cliente, aunque éste sostuvo que mantenían una relación sentimental.
Los allanamientos incluyeron los locales El Quijote, de Baigorria y su esposo Ramírez, y Terra Nostra, administrado por Gómez y Russo. Los lugares fueron señalados como puntos donde también se desplegaba la explotación sexual de las víctimas, pues varias de ellas fueron rescatadas de allí.