Los vecinos en diálogo con BLL defendieron su situación legal, "no somos usurpadores ni estafadores, la documentación que tenemos nos pone en el lugar de compradores de buena fé". En una reunión con parlamentarios radicales, expusieron su postura y pidieron una instancia de conciliación. Mientras tanto, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse respondió al conflicto.
Política11 de febrero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEn el día de ayer, el diputado nacional Roberto Sánchez y la legisladora provincial Raquel Evangelina Nievas, se reunieron en la ciudad de Concepción y escucharon a los vecinos damnificados en la causa usurpación de tierras en la localidad de El Mollar.
Los vecinos, que tienen un plaza hasta el proximo viernes, deben desalojar las viviendas y tras esta situación buscan ser escuchados por alguna autoridad política, asegurando que compraron de buena fe.
Los parlamentarios radicales, ante el pedido de los vecinos, solicitan informes a dependencias nacionales y a las autoridades provinciales.
La legisladora Nievas destacó la necesidad de abrir un espacio de diálogo y conciliación con el gobierno provincial. "Los vecinos quieren recuperar su condición de compradores de buena fe. Han seguido procesos legales y administrativos correctos, y necesitan ser informados de manera adecuada. No pueden enterarse de decisiones judiciales a través de los medios", sostuvo. Además, cuestionó la falta de transparencia en el proceso de identificación de áreas protegidas, "He solicitado un informe a la Fiscalía, otro a la Secretaría de Gobierno y a Catastro."
Mientras tanto, Sánchez manifestó su preocupación por la situación de los afectados y cuestionó el accionar del gobierno provincial. "Vemos claramente que el gobierno no ha actuado bien. Para solucionar el problema, lo que hicieron fue disolver algunas instituciones y destituir a funcionarios sin dar explicaciones", declaró. También indicó que junto con Nievas están solicitando información en distintas áreas del gobierno nacional para esclarecer el proceso histórico de los terrenos en disputa.
Una de las vecinas afectadas, Lucía Moreira, del loteo Gaucho Castro, rechazó la calificación de usurpadores y aseguró que los terrenos fueron adquiridos legalmente. "Hicimos todo de buena fe, nos asesoramos en distintas reparticiones y pagamos los impuestos correspondientes. Sin embargo, ahora nos castigan y desconocen nuestra documentación", afirmó. Según Moreira, la desaparición de registros y modificaciones en la cartografía de los terrenos han generado incertidumbre entre los propietarios.
El vecino Miguel Boullhesen también denunció la situación de otro damnificado, el vecino Bolla, quien según él enfrenta una detención arbitraria. "El gobierno provincial está avasallando derechos humanos y poniendo condiciones a la justicia para que responda según su conveniencia", declaró. Asimismo, pidió que el caso tome relevancia a nivel nacional para que la justicia federal intervenga.
Los damnificados insisten en la necesidad de una solución justa que respete los derechos de quienes adquirieron terrenos de buena fe y cuestionan la falta de respuestas claras por parte del gobierno provincial.
Los vecinos aseguraron en dialogo con BLL que "no son usurpadores ni estafados y que la documentación que tienen los ponen en el lugar de compradores de buena fé".
Respuestas de un legislador oficialista
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse respondió a Roberto Sánchez y a Raquel Nievas, quienes cuestionaron a la administración provincial por la ocupación de terrenos fiscales en El Mollar. “Es lamentable ver que un diputado nacional y una legisladora provincial, se ponen del lado del delito y no de la Justicia, que ya ordenó el desalojo y la restitución de las tierras fiscales al Estado Provincial”, afirmó ante el diario La Gaceta.
“Sánchez y Nievas deberían leer la causa, ahí podrán advertir que no hubo compradores de buena fe, todos sabían que eran terrenos fiscales y lógicamente se trataba de una usurpación”, agregó.
El parlamentario dijo que van a apoyar el accionar de la Justicia. “En Tucumán se acabaron las usurpaciones, y vamos a apoyar fuertemente a la Justicia para que se respete la propiedad privada y el estado de derecho”, dijo.
“El usurpador que hizo caso omiso a la cautelar de no seguir construyendo (Caso Bolla) acordó una pena de trabajo comunitario previa excarcelación, por violentar la orden judicial. Lean la causa y dejen de hacer política amparando a gente que actuó en contra de la ley”, sentenció.
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