El conflicto por un inmueble en La Cocha enfrenta a jubilados y al municipio. La edificación, construida y mantenida por los jubilados durante décadas, fue desalojada de manera polémica por las autoridades locales, quienes no presentaron una orden judicial. La medida ha dejado a más de 400 afiliados sin un espacio clave para sus actividades y servicios esenciales.
Sociedad10 de enero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasUna serie de incidentes entre el municipio local y miembros del Centro de Jubilados de La Cocha ha generado indignación y preocupación entre la comunidad. El edificio que por décadas ha servido como un espacio de encuentro y apoyo para los jubilados fue desalojado por orden de las autoridades municipales, en medio de denuncias de irregularidades y la falta de documentación legal que respalde la medida.
El conflicto inició cuando la municipalidad ingresó al inmueble ubicado en calle Sarmiento 51, frente a la cancha del barrio Obrero, rompió los candados y cambió las cerraduras. Este espacio, que originalmente fue construido en un terreno fiscal cedido bajo comodato hace más de 50 años, fue levantado y mantenido con los aportes de los jubilados que asistían regularmente al centro.
Según Carolina Martínez, hija de una integrante de la comisión directiva del centro y sobrina del fundador, el inmueble fue utilizado durante años para múltiples actividades. "Se entregaban módulos alimentarios, venían médicos, se organizaban eventos y se brindaban servicios esenciales para los jubilados", explicó. Sin embargo, tras la pandemia, surgieron disputas entre el municipio y la comisión sobre la titularidad y el uso del espacio.
Denuncias de arbitrariedad
El pasado miércoles, representantes municipales, junto con la policía y camiones, intentaron retirar los bienes del edificio. Sin embargo, la oposición de los jubilados presentes frenó la acción. Según Martínez, la secretaria de Gobierno, Alejandra Jerez, no presentó ninguna orden judicial que justificara el desalojo.
El conflicto culminó con la intervención de un juez, quien determinó que el inmueble quedara cerrado hasta que la justicia resuelva el caso. Mientras tanto, los jubilados se ven obligados a buscar asesoramiento legal para defender el espacio que consideran suyo.
Celia Alonso, presidenta del centro desde 2018, expresó su frustración: "Esto es un atropello. Después de tantos años de esfuerzo para construir este lugar, nos sacan sin previo aviso. No contamos con recursos para un abogado y ahora dependemos de la solidaridad de terceros".
Impacto en la comunidad
El centro de jubilados atiende semanalmente a entre 30 y 40 personas, ofreciendo servicios médicos, actividades recreativas y apoyo emocional. La incertidumbre sobre el futuro del inmueble ha generado temor entre los miembros, quienes, según Martínez, evitan manifestarse por miedo a represalias, como perder empleos o enfrentar otras consecuencias.
Los jubilados buscan ahora apoyo político o legal que les permita recuperar el espacio y retomar sus actividades. "Esto no se trata solo de un edificio, sino de un patrimonio construido con el esfuerzo de muchas personas mayores que hoy se sienten vulneradas", enfatizó Alonso.
Esperan resolución judicial
El caso será evaluado por la justicia a partir de febrero, dejando en suspenso las actividades del centro y la continuidad de los servicios para sus más de 400 afiliados.
Por ahora, el municipio tiene las llaves del edificio, mientras que los jubilados permanecen a la espera de una resolución que les permita recuperar su espacio.
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