Esta mañana, José García, presidente del Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán (FODECUS), presentó en el Concejo Deliberante de Concepción un pedido para derogar la ordenanza que impone un prorrateo del 15% en la tarifa de luz, sobrecargando a los usuarios locales en comparación con otras localidades de la provincia.
Locales07 de noviembre de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEn una acción en defensa de los derechos de los consumidores, el presidente de FODECUS, José García, compareció ante el Concejo Deliberante de Concepción para solicitar la derogación de la ordenanza 1863, vigente desde 1998, que impone un cargo adicional del 15% en la boleta de luz por el servicio de alumbrado público. García argumentó que este recargo coloca a los residentes de Concepción en una situación de vulnerabilidad económica, especialmente en el contexto actual de crisis.
"En toda la provincia, el municipio de Concepción es el único que cobra un 15% adicional por el alumbrado público, haciendo que los concepcionenses paguen una de las tarifas de luz más altas del país," expresó García. Según explicó, esta ordenanza atenta contra la ley de defensa del consumidor y agrava la situación económica de los vecinos, que ya enfrentan altos costos en servicios básicos.
García enfatizó que el objetivo de la organización es equiparar las tarifas de luz de Concepción con las de otras ciudades tucumanas. Además, solicitó que, en el futuro, solo aparezca en la factura el costo del consumo de energía, sin cargos impositivos adicionales, tal como lo establece la Secretaría de Energía.
"Necesitamos que los señores concejales actúen con urgencia y deroguen esta ordenanza. No solo es un cargo injusto, sino que es ilegal. Exigimos una factura de luz más limpia y acorde a las necesidades de la comunidad," concluyó García, reiterando que FODECUS continuará con su campaña para defender a los usuarios y reducir el costo de la electricidad en la provincia.
La firma comenzó a instalar las validadoras y se prepara para iniciar la venta y carga de la tarjeta ciudadana. Habrá un periodo de adaptación de aproximadamente tres meses durante el cual convivirán el sistema electrónico y el boleto papel. También se habilitarán puntos de carga en la cooperativa y en la terminal de Concepción.
Una multitud acompañó la Misa de Acción de Gracias y la procesión en honor a la Patrona Diocesana. El informe difundido por Diócesis de la Santísima Concepción Tucumán Oficial confirmó una participación histórica que superó las ciento diez mil personas.
El gobernador Osvaldo Jaldo participó de la misa y procesión en honor a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, en la Perla del Sur, que este 8 de diciembre fue capital de Tucumán. La ceremonia fue presidida por el Obispo José Antonio Díaz.
Concepción fue declarada desde 2018 “Capital Provincial Simbólica” cada 8 de diciembre en conmemoración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, según la Ley N° 9135. Aunque San Miguel de Tucumán sigue siendo la capital administrativa, la "Perla del Sur", asume este título honorífico en esa fecha especial, con la presencia de autoridades provinciales.
Monseñor Carlos Alberto Sánchez destacó la importancia de abrir el corazón al encuentro y a la paz.
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El gobernador anunció que, además de los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, el bono navideño alcanzará a más de 12.000 tucumanos, incluyendo docentes privados y policías retirados.
La psicóloga Mabel Alonso, referente del Programa Provincial de Prevención y Abordaje de los Trastornos Alimentarios, detalló los signos de alarma que pueden aparecer en la preadolescencia y adolescencia, y remarcó la importancia de una detección precoz. Destacó el impacto de las redes sociales, el rol de las familias y docentes, y la necesidad de un abordaje interdisciplinario. También informó cómo se accede a las consultas en el CEPTA y repasó el trabajo realizado durante el año.
La Provincia detalló las fechas de cobro del Sueldo Anual Complementario, que se abonará entre el 18 y el 20 de diciembre. El cronograma incluye a empleados de la administración pública, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.