Bajo la Lupa NoticiasLa Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por la fiscal Mariana Rivadeneira, avanza en una investigación sobre la emisión de certificados médicos falsos, que varios policías de la provincia habrían presentado para justificar licencias por enfermedad. En este caso, se imputó a un hombre de 46 años, vinculado a un centro médico, bajo sospecha de haber falsificado documentos en nueve ocasiones. La acusación fue formulada por la auxiliar de fiscal Brenda Deroy.
Según la hipótesis de la Fiscalía, entre febrero de 2023 y enero de 2024, el imputado habría emitido al menos nueve certificados médicos falsos, los cuales fueron utilizados por cuatro agentes policiales como respaldo para sus licencias médicas ante la División del Servicio Médico Laboral de la Policía de Tucumán. La Dirección General de Fiscalización Sanitaria (SIPROSA) revisó estos certificados y confirmó que las firmas no correspondían a los profesionales mencionados.
Evidencias y allanamientos
La fiscal auxiliar Brenda Deroy señaló que siete de los certificados llevaban la firma de un médico que falleció durante la pandemia, mientras que otros dos documentos estaban firmados con el sello de un cardiólogo que reportó haber perdido su sello hace más de diez años y que denunció que las firmas no eran suyas.
Durante un allanamiento en el domicilio del imputado, los investigadores encontraron alrededor de 345 certificados médicos sellados y con membretes de distintos establecimientos de salud. Además, se hallaron sellos aclaratorios, lo que refuerza la sospecha de que el imputado podría estar involucrado en una red de falsificación de documentos médicos.
Medidas cautelares y próximas acciones
En respuesta a la evidencia recolectada, la fiscalía solicitó imponer medidas de conducta al acusado, que deberán ser respetadas durante seis meses para preservar la integridad de la investigación. Sin oposición de la defensa, la jueza aprobó la solicitud, permitiendo al Ministerio Público Fiscal avanzar con la causa.
La Fiscalía continuará la investigación para esclarecer si hay más personas involucradas en la falsificación de documentos y evaluar el posible impacto de estos actos en la administración pública provincial.
