El rector Ricardo Gelpi encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que respetarán lo que determinen los jueces. “Queremos ser auditados todo lo que sea necesario pero dentro del marco de las leyes y las instituciones”, planteó
Política28 de octubre de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEl rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, ratificó que irán a la Justicia para que determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales. La decisión surge como respuesta a la intención del Gobierno de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sea la encargada de realizar el control.
“Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, introdujo Gelpi en un encuentro con periodistas organizado en la sede del Rectorado ubicado en la calle Viamonte.
Ricardo Gelpi, rector de la UBA
“Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, aclaró.
Ante las consultas, Gelpi dijo que de ninguna manera temen una intervención.
A la par, la UBA publicó en su página web un comunicado en el que señaló que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad. Además, puso a disposición los últimos trabajos de control realizados por estos organismos, a los que se puede acceder en este link.
Leonora Colombo, integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior, explicó el alcance de la presentación judicial que principalmente objeta la participación de la SIGEN en el proceso de control porque violaría la autonomía universitaria.
“Es una acción declarativa de certeza que fue iniciada el día viernes. ¿Cuál es el objetivo de la acción declarativa de certeza? Acá hay una discusión o un debate respecto a la interpretación del sistema jurídico vigente. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”, especificó.
Y desarrolló: “La SIGEN puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley. En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras”.
La discusión técnica surge en medio de una fuerte polémica pública entre el gobierno nacional y las universidades públicas, que reclaman por un fuerte ajuste en el presupuesto educativo y ya han realizado importantes movilizaciones en todo el país con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei. El Presidente dice, en cambio, que lo único que pretenden es auditar a las universidades y el financiamiento está garantizado.
Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, precisó en la conferencia de prensa de este lunes que todos los decanos están trabajando para que el cuatrimestre termine de la mejor manera posible. Recordó que la discusión “operativa”, que implica que la luz esté prendida, los baños limpios y las facultades en condiciones para abrir sus puertas, se saldó después de la primera marcha realizada el 23 de abril.
“Sí hay un escenario de público conocimiento de conflictividad vinculado a los salarios docentes que han perdido su capacidad de adquisitiva un 35% a la fecha y y estamos todo el tiempo trabajando para poder garantizar que se completen los calendarios académicos y que finalice un cuatrimestre, al mismo tiempo que trabajamos a los efectos de que se incorporen en el Presupuesto para lo que queda del año las partidas necesarias para la recomposición de salarios”, agregó.
A la par, buscan que el Congreso pueda establecer en el Presupuesto 2025 las partidas necesarias para que la UBA funcione con normalidad.
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, tomó juramento a Elena Hurtado como nueva interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. La funcionaria destacó su trayectoria en el sistema sanitario y se comprometió a mejorar la cobertura para los 350.000 afiliados.
En el marco de la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el Diputado Roberto Sánchez subrayó la necesidad de un debate serio sobre las retenciones agropecuarias, un tema evitado durante años por diversos gobiernos. Sánchez destacó que, a lo largo de más de 23 años, las retenciones han generado un estancamiento en el sector agropecuario argentino, afectando su competitividad frente a los países vecinos. A su juicio, es urgente ofrecer previsibilidad y competitividad al campo, y abogó por una reducción progresiva de las retenciones para garantizar su crecimiento sostenido.
El gobernador desplegó en una entrevista televisiva varios temas que van desde las usurpaciones, la ley de narcomenudeo, la relación con la Nación, las últimas lluvias hasta el acuerdo con el FMI.
La Legisladora radical presentó un proyecto para que la provincia adopte la normativa nacional sobre información fiscal en bienes y servicios.
En la localidad de Alto Verde, delincuentes ingresaron a un galpón y sustrajeron 30 cubiertas de distintos vehículos. Tras la denuncia del propietario, la policía inició una investigación y logró recuperar parte del botín en un rastrillaje en zonas rurales. La Fiscalía continúa con las pesquisas para identificar a los responsables.
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En un operativo de rutina, personal de la Patrulla Motorizada detuvo a un joven de 19 años por el robo de un motor eléctrico de la Planta Purificadora de Residuos Cloacales, ubicada en el Barrio 1° de Mayo II. El sospechoso fue interceptado por la policía cuando intentaba huir del lugar con el objeto robado.
Un equipo policial del Departamento Inteligencia Criminal, luego de una intensa investigación realizó allanamientos en Yerba Buenas, Capital, Villa Carmela y Alderetes.
Tras la denuncia de una madre por acoso sexual contra su hija menor de edad, la Policía llevó adelante una investigación que permitió identificar al sospechoso y realizar un allanamiento en su domicilio. En el operativo, no solo se secuestraron dispositivos electrónicos vinculados a la causa de grooming, sino que además se halló marihuana, lo que derivó en una nueva investigación por infracción a la Ley de Drogas.