El acusado de realizar amenazas de bomba en instituciones públicas de Tucumán continuará en prisión por otros 58 días

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, que dirige Mariana Rivadeneira, está próxima a pedir el requerimiento de elevación a juicio. Incorporación de un nuevo informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. En enero se le reformularon cargos por siete hechos, contabilizando un total de 16.   

Por el vencimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo Gabriel Ernesto Valdez (24), este miércoles el Ministerio Fiscal pidió la prórroga de las medidas de coerción, por otros 58 días. Está acusado por el delito de intimidación pública reiterada en 16 oportunidades en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de distintas instituciones gubernamentales de la provincia y en otros edificios privados. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, por instrucciones de la fiscal, Mariana Rivadeneira, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, recordó la reformulación de cargos (en audiencia del 12 de enero) donde se agregaron siete hechos, contabilizando un total de 16. Además, la representante del MPF detalló los avances de la investigación y presentó un nuevo informe elaborado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que será incorporado con miras a la próxima etapa (control de acusación y admisibilidad de las pruebas) donde se procederá al requerimiento de elevación a juicio de la causa. 

“Los riesgos procesales invocados en la última audiencia se ven acrecentados con la incorporación del nuevo informe del ECIF (al teléfono celular secuestrado cuando se lo aprehendió y que quiso deshacerse). Desde ese móvil creó una cuenta de su ex pareja donde se enviaba amenazas a su propia cuenta (que estaban vinculadas al teléfono). Debemos recordar que hay otra causa (que se tramita en la Unidad Fiscal de Violencia de Género) porque según sus dichos recibió amenazas y hostigamientos de la mujer, lo que marca un giro fundamental. Fueron más de 50 llamadas al 911”, describió Deroy. Finalmente, la jueza hizo lugar a la extensión de la medida de coerción de máxima intensidad, con vencimiento el 5 de julio, rechazando el arresto domiciliario, pedido por la defensa. 

La teoría del caso 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2023, el imputado motivado por conflictos familiares que derivaron en más de una treintena de denuncias penales cruzadas con su ex pareja, fue que con el claro propósito de perjudicar a la familia de ella y de entorpecer la investigación de los hechos, adquirió numerosas líneas telefónicas prepagas registrándolas a titularidad del padre de su ex pareja y actuando algunas veces en forma anónima y otras con el nombre supuesto del progenitor realizó llamadas telefónicas al Servicio de Emergencias 911 de la Policía de Tucumán, informando la existencia de artefactos explosivos en entidades privadas y públicas con claras intenciones de causar temor público.

Con este accionar, el acusado infundió temor y alteró la tranquilidad de los ciudadanos que se encontraban en el interior de cada uno de los establecimientos públicos y privados como así también de la sociedad toda, tales como: educadores y educandos, trabajadores de la administración pública, de casa de Gobierno, de la Honorable Legislatura, empleados judiciales, y público en general que concurrió al Estadio Palacios de los Deportes, debiendo en consecuencia intervenir personal policial, personal de Defensa Civil y bomberos junto a la División de Explosivos, aplicando protocolo de evacuación para los casos mencionados.