Puntos destacados del proyecto de "ley ómnibus" enviada al Congreso

En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más, es decir, hasta la finalización del mandato de Javier Milei. 

En sus disposiciones finales, el Poder Ejecutivo requiere que, además, el Congreso le apruebe el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23 -con sus 366 artículos- que dictó la semana pasada el presidente Javier Milei para desregular la economía. Pese a las críticas generalizadas que cosechó esta medida en la mayoría de los bloques opositores, el presidente Milei redobló la apuesta y ahora pretende, con este proyecto de ley ómnibus, que los legisladores le deleguen facultades en casi todas las áreas de la administración pública lo que, a juicio de la oposición, implicaría lisa y llanamente una claudicación de las potestades parlamentarias. 

Por si fuera poco, Milei reclama celeridad. Al convocar a sesiones extraordinarias del Congreso fijó que este período se extienda solo hasta el 31 de enero próximo. “La emergencia en la que se encuentra el país no permite que perdamos tiempo. La semana próxima, una vez constituidas las comisiones, empezaremos el debate”, anticipó Martín Menem. 

En el primer artículo de la ley “ómnibus” enviada al Congreso –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”. 

El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica medio centenar de leyes. Es tan exhaustivo y ambicioso que incluso propone una reformulación copernicana del sistema político argentino. Además de la derogación de la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), propone el sistema de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales en reemplazo del actual sistema proporcional. La división de los distritos en circunscripciones será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá tomar como base el censo nacional de 2022 y procurar asegurar que en cada circunscripción no existan diferencias superiores al 3% del número de habitantes. El proyecto dispone que, al fijar los límites territoriales de las circunscripciones “se deberán respetar los límites geográficos y políticos preexistentes.” 

En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000. 

- Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020 

Este punto genera polémica entre las distintas bancadas. El proyecto faculta al Poder ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos. 

Asimismo, incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Establece tres etapas con las correspondientes alícuotas aplicables: del 5% hasta el 31 de mayo del año próximo; del 10% hasta el 31 de agosto y del 15% hasta el 30 de noviembre. Incluye a los residentes fiscales argentinos, a los no residentes y aquellas personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales hasta diciembre de 2023. 

- Habilitación de privatización de empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal 

Entre ellas figuran: Administración General de Puertos S.E.; Aerolíneas Argentinas; Arsat; AySA; Banco Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Casa de Moneda; Contenidos Públicos; Corredores Viales; Correo Argentina; Enarsa; Ferrocarriles Argentinos; Operadora Ferroviaria y diversos medios públicos. 

- Renegociar o rescindir contratos de la administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos 

En materia tributaria, la novedad es que el Gobierno no incluyó en el articulado la restitución del impuesto a las Ganancias como se había anticipado. Sí, en cambio, se contempla un programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos. Asimismo, se confirma la suba en las retenciones agropecuarias, entre ellas la alícuota del 33% sobre los subproductos de la soja (hoy gravados con el 31%). Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de dicie mbre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei. 

- Sistema nacional de contrataciones públicas  

Según se explica en los fundamentos del proyecto, hoy está disperso en diversas normas y contratos administrativos en particular. El objetivo es incorporar para todos ellos sistemas rápidos y eficaces de prevención y solución de controversias, tales como la conciliación, la mediación, el avenimiento y el arbitraje, previendo y en su caso creando paneles técnicos o tribunales administrativos. 

En términos tributarios, en tanto, se instrumenta un programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos. Además, se habilita la eliminación de deudas intrasector público, donde el Gobierno tiene al mismo tiempo activos y pasivos que pueden ser cancelados sin afectación patrimonial pero con amplios beneficios, de transparencia y reducción de costos de gestión. 

- Cambios en el sistema educativo 

Se propone un examen integrador al finalizar la educación secundaria y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país.  

Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.  

Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes. 

Crédito: LN