El 31 de enero de 2022, en el Balneario Municipal de la ciudad de Famaillá, un menor de 5 años falleció tras ahogarse en una de las piletas. Eran las 18:15 cuando el niño, que había ido a pasar la tarde junto a su padre y sus hermanitos, se introdujo en la pileta más grande del complejo, donde se hundió sin poder ser socorrido a tiempo.

Por este hecho, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, que conduce Mónica García de Targa, inició una causa e imputó como presuntos autores del delito de homicidio culposo al director del natatorio y a nueve personas más que cumplían funciones de guardavidas en el lugar.

De acuerdo a la acusación, al hombre de 52 años se le atribuyó que, en su carácter de Director del Balneario, permitió que los guardavidas ejercieran, específicamente en la pileta grande, dicha labor sin haber verificado, como responsable del área, que los mismos cuenten con la acreditación válida y vigente de idoneidad para ejercer dichas funciones, riesgo que se concretó con el fallecimiento del niño.

En tanto que, a los bañeros (seis mujeres y tres varones), se les reprochó no estar capacitados y no cumplir con los requisitos legales para desempeñar dichas tareas.

Resolución de la causa

El Ministerio Público Fiscal informó que el proceso penal concluyó con una condena contra el director del Balneario. En una audiencia celebrada ayer, lunes 9 de octubre, el auxiliar de fiscal Bernardo Sassi presentó un acuerdo de juicio abreviado firmado entre la fiscal Targa, y el hombre acusado, asistido por su abogado. Dicho convenio, que implicó el reconocimiento de culpabilidad del ahora ex encargado del natatorio, consiste en que se le aplique una pena de dos años de cumplimiento condicional, la imposición de reglas de conducta y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por el plazo de cinco años.

Con respecto a los guardavidas, la defensa técnica de los mismos presentó días atrás una suspensión de juicio a prueba por dos años que tuvo dictamen favorable de la fiscalía. Entre los términos de la misma, se estableció una reparación económica a la familia del niño de $1.800.000 pesos, que fue abonado en nueve partes iguales de $200.000 pesos por cada uno de los imputados. Además, se determinó que cada uno de ellos tendrá que cumplir con tareas comunitarias en instituciones de bien público por el plazo de duración de la mencionada probation.