El MPF, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, formalizó cargos por el delito de estelionato contra varias víctimas. El imputado vendió como propios inmuebles ubicados en la zona de El Cadillal. Las operaciones inmobiliarias se realizaron en diferentes fechas durante el año 2020, la mayoría por el monto de $100.000.
Judiciales12 de septiembre de 2023
Bajo la Lupa NoticiasEn el día de ayer, 11 de septiembre, por pedido del Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo una audiencia con el objetivo de formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un hombre al que se lo acusa de cometer estafas y engaños en la venta de inmuebles, los que vendía como propios. Los terrenos se encuentran en un predio situado en la zona de El Cadillal, sobre la Ruta Nacional N° 9, en el departamento Tafí Viejo.
En la causa interviene la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo Mariana Rivadeneira, en esta ocasión representada por la auxiliar de fiscal Mónica Torchán. La investigadora le atribuyó al encartado la conducta legal calificada como presunto autor del delito de estelionato reiterado.
La teoría del caso de la Fiscalía sostiene que el imputado, mediante boletos de compra venta, vendió como propios inmuebles indicando que los mismos estaban ubicados dentro de una fracción de mayor extensión, inscripto en el Registro Inmobiliario de Tucumán como de propiedad de una mujer, manifestando que le pertenecían porque habían sido adquiridos a través de una cesión de acciones y derechos posesorios.
La acusación manifiesta que en realidad el loteo, y por lo tanto las fracciones vendidas, se encuentran en otro inmueble padrón inmobiliario, propiedad de otra señora, haciendo incurrir en error y provocando con su accionar un perjuicio patrimonial a las víctimas (son siete) que no pudieron tomar posesión del inmueble. Las operaciones inmobiliarias se realizaron en diferentes fechas durante el año 2020, la mayoría por el monto de $100.000.
Como último punto, Torchán solicitó que se dicten contra el acusado, y por el plazo de tres meses, medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta), entre ellas la prohibición de acercamiento en un radio no menor a los 100 metros a favor de los denunciantes y sus grupos familiares. Por su parte, el juez aceptó el requerimiento fiscal.
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