Argentina deberá negociar para evitar pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF

La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, eximió de responsabilidad a la compañía pero culpó al Estado. Hay dos instancias para apelar, pero igualmente deberá depositar una garantía.

El fallo será apelado por la Procuración del Tesoro. La jueza americana, que ya había decidido la mala praxis por parte del Estado, optó por el escenario más desfavorable para el país a la hora de calcular los resarcimientos. Las partes deberán ponerse de acuerdo en la cifra final.

Si bien Preska no fijó una cifra, optó por el peor escenario para el país, que ya había sido encontrado culpable de expropiar mal la petrolera. Eso quiere decir que decidió que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado: Burford, un estudio que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios, negociar con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos, dijo que el resarcimiento debía rondar los USD 16.000 millones; el Estado argentino, en tanto, indicó que esa cifra era de USD 5.000 millones. Hoy la empresa tiene un valor de mercado de USD 11.800 millones.

Ahora, las partes deberán negociar sobre la base del tope del reclamo. Ya había trascendido que el fallo será apelado por la Procuración del Tesoro, algo que confirmaron esta mañana fuentes oficiales a Infobae, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, dijo en Twitter que el Estado “apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”.

“Preska optó por el peor escenario de los que estaban en juego para la Argentina, pero no fijó el monto”, detalló Sebastián Maril, en diálogo con Infobae. El CEO de Latin Advisor es quién con más detalle siguió esta extensa causa que ya lleva ocho años tramitándose en EEUU.

Vale recordar que Burford y Eton Park, los demandantes, señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF. El Estado argentino, en tanto, sostuvo que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.

“Ahora habrá apelaciones, pero al final las partes se deberán sentar a hablar para llegar a un acuerdo y luego llevarle una propuesta económica a la jueza. Es algo que se termina arreglando entre partes, con el visto bueno final de ella. Estaba seguro que la jueza no iba a poner el monto, pero esta decisión fija el escenario de negociación. Pensé que quizás iba a ser una cifra más cercana a USD 10.000 millones, pero optó por la punta más alta, USD 16.000 millones”, detalló Maril.

“Esto no se resuelve ya. Puede pasar que el juicio y la eventual negociación se suspenda a la espera de que llegue el próximo gobierno y defina su estrategia. Es lo que pasó con Macri y los holdouts, por ejemplo”, aseguró el especialista.

“Con el fallo de hoy, se termina un juicio que estuvo en la Corte de la Juez Preska durante 8 años. Ahora, es el turno de la Corte de Apelaciones y, posteriormente, Corte Suprema. Argentina rara vez gana un juicio por errores de sus gobiernos. Hora de negociar con todos los beneficiarios”, cerró.

Preska (foto) indicó que “la Corte considera que los cálculos del profesor Fischel (el perito económico de la querella) se basan en la relación precio/ingresos derivada del “método regular” utilizado por la “comunidad financiera” para “informar y calcular” la relación relevante “durante” el período retrospectivo de dos años y son adecuados”.

Además, sostuvo que “la fórmula debe calcularse utilizando la relación precio/ingresos más alta durante el período pertinente”. Por otra parte, indicó que “los intereses previos a la sentencia deberían correr a partir del 3 de mayo de 2012. El mercado también reconoció que el 16 de abril de 2012 había ocurrido un evento de importancia económica material”.

Preska le dedicó algunos párrafos de la sentencia a Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, y en 2012 viceministro de Economía y director en la petrolera.

“Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos”, escribió la magistrada.

En marzo, y luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, Preska falló en contra de Argentina, pero dijo que la empresa YPF no había tenido ninguna responsabilidad en el proceso de expropiación. En ese momento se supo que el país debería pagar. En julio se hizo una audiencia de tres días, donde las partes dieron sus argumentos y sus fórmulas para calcular resarcimientos (en base fechas y el valor de la acciones) y ahora llegó esta decisión.

Hay más instancias, pero todos los caminos confluyen hacia un destino: el pago de una cifra multimillonaria por mala praxis expropiatoria hace 11 años.

Las cinco claves del fallo de la Justicia de Nueva York por la expropiación de YPF

- El gobierno buscaba que Preska tomara como punto de partida para el cálculo la fecha en la que entró en vigencia la ley de expropiación, el 7 de mayo de 2012. La jueza, en cambio, pidió que se tome la fecha en la que el gobierno desembarcó en YPF, el 16 de abril de 2012.

- “El 8% de interés simple es apropiado y equitativo”, destaca el fallo. La jueza impuso una alta tasa de interés anual, muy por encima de otros litigios internacionales, lo que elevó la indemnización a US$16.000 millones.

- “La fórmula D debe calcularse utilizando la relación precio/ingresos más alta durante el período pertinente”, indica el texto. El ratio, es decir, el componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, fue el más alto.

- “El señor Kicillof declaró descaradamente que sería ‘una estupidez cumplir la ley de la propia YPF o respetar sus estatutos’, enfatizó la jueza respecto del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es que tras entrar en la compañía, los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. En ese momento, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

- “Los intereses previos al fallo deberían correr a partir del 3 de mayo de 2012″, indica el fallo judicial. La jueza consideró esta fecha como el día en que se aprobó la ley de expropiación de la compañía. Se trata del día en que la Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol y declaró de “utilidad pública” la recuperación del “autoabastecimiento energético”.