La audiencia fue solicitada por las defensas de los imputados. Están investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF por el hecho ocurrido el 1 de agosto en perjuicio del Colegio San Francisco/Padre Roque Correa.
Judiciales04 de septiembre de 2023
Bajo la Lupa NoticiasEste lunes, a pedido de las defensas de los imputados investigados por el delito de intimidación pública, el juez de garantía (no de impugnación) resolvió no hacer lugar al pedido de modificación o revocación de la medida de coerción dispuesta el pasado jueves por el término de 29 días para una mujer, de 60 años, y para un masculino, de 46 años. En tanto, el magistrado dispuso que la femenina (quien se desempeña como representante legal de un Instituto primario) cumpla su detención en un hospital público (sobre una patología que requiere cuidados) y que el imputado sea revisado por un profesional de la salud (padecería de hipertensión y un problema de columna –hernia-) previo a su traslado a la dependencia donde se encuentra actualmente alojado (División de Delitos Telemáticos).
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, Mariana Rivadeneira, dijo que los riesgos procesales no han variado a cuatro días de iniciada la investigación por lo que solicitó no se haga lugar a la petición de las defensas y recordó una serie de medidas practicadas el pasado jueves. “Se hicieron dos allanamientos, uno en el Instituto y otro en Lomas de Tafí, donde se procedió al secuestro de computadoras que están pendientes de ser analizadas, como así también determinar la geolocalización (hoy esperamos el regreso de ese informe)”, detalló Rivadeneira.
Por último, el defensor de la imputada manifestó sus agravios y que impugnará la sentencia.
LA ACUSACIÓN
El martes 1 de agosto del corriente año, siendo las 11:06 horas, la acusada existiendo acuerdo de voluntades con el imputado y con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico a la casilla de correo del Colegio San Francisco, ubicado entre calles Marcos Paz y Maipú de San Miguel de Tucumán. Para el envío del mail utilizaron una conexión a internet de la empresa cuya titular es la mujer (desde el IP asociado al domicilio ubicado en barrio Lomas de Tafí, Tafi Viejo). En el asunto de dicho correo indicó “Amenaza de bomba” y en el contenido “Hay explosivos en el edificio”. Asimismo y de manera conjunta y coordinada entre ambos previo acuerdo de voluntades, fue que ese día, siendo las 11:13 horas, con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico desde una casilla de correo al mail del Colegio San Francisco. Para el envío del mismo utilizaron una conexión a internet de la empresa que es titular el imputado (desde el IP asociado al domicilio ubicado en calle Bolívar al 1500 de esta ciudad capital). En el asunto de dicho correo indicaron: "Código Negro" y en el contenido "evacuar lo más rápido posible, explosivos en la institución". De esta manera provocaron temor entre los miembros de la Escuela y la población en general, debiendo a consecuencia intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron protocolo para el caso, evacuando del establecimiento escolar a la totalidad de las personas que se encontraban en su interior, a fin del registro del lugar, consistiendo en 35 docentes y 560 alumnos de la Escuela Padre Roque Correa y 25 docentes, 519 alumnos y 6 miembros del personal administrativo del Colegio San Francisco. Asimismo, provocaron tumulto y caos en el tránsito, mientras se aplicaba dicho protocolo preventivo.
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El Tribunal de Impugnación unipersonal - Dr. Paul Alfredo Hofer - hIzo lugar al planteo formulado por la defensa oficial de los albañiles Soria y resolvió la libertad de los mismo. El otro imputado y propietario del inmueble, Marcos Luciano Bolla (37 años), permanecerá privado de su libertad tras declararse la inadmisibilidad del recurso presentado por su defensor particular.
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El conflicto por un inmueble en La Cocha enfrenta a jubilados y al municipio. La edificación, construida y mantenida por los jubilados durante décadas, fue desalojada de manera polémica por las autoridades locales, quienes no presentaron una orden judicial. La medida ha dejado a más de 400 afiliados sin un espacio clave para sus actividades y servicios esenciales.
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Así lo informó el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, quien opinó sobre la implementación de la receta electrónica y la actual situación epidemiológica respecto a dengue, vacunación y natatorios habilitados en temporada de verano.