El titular de "Austral Construcciones" enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Política03 de octubre de 2022
Bajo la Lupa NoticiasEl juicio oral en la causa Vialidad se reanudará hoy con el comienzo del alegato final de la defensa del empresario Lázaro Báez, quien tiene un pedido de condena de 12 años de prisión por parte de la fiscalía en la causa que investiga si fue beneficiado con la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El Tribunal Oral Federal 2 escuchará al abogado de Báez, Juan Villanueva, quien hablará ante los jueces durante tres jornadas, en respuesta a las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y cumple con arresto domiciliario por esa causa.
El dueño de "Austral Construcciones" enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron "prevaricato".
Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".
Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
Fuente: La Gaceta
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y afirmó que, aunque pueda generar disconformidad, corresponde acatar las decisiones judiciales y recurrir a los canales legales si se considera necesario revertirlas.
La señora Nélida del Valle Ordóñez (78) perdió la vida tras haber intentado ayudar a su pareja, el ciudadano Fidel Santos Palomino, quien se encontraba en el interior del domicilio al momento del siniestro.
El accidente ocurrió a la altura de Los Trejos, en el departamento Simoca. El conductor, de 25 años, perdió el control de su vehículo y volcó, pero no sufrió lesiones.
El comisario Gustavo Beltrán fue detenido tras una investigación que confirmó que empleaba personal estatal en obras particulares en su vivienda de El Cadillal. El gobernador Jaldo ordenó su separación preventiva y la inmediata intervención judicial.
El Tribunal Penal de Concepción absolvió a Luis Alexis Morán por el homicidio de Facundo Samir Costilla y las lesiones sufridas por Marcos Antonio Castillo durante una fiesta en Alto Verde, en septiembre de 2023. No obstante, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en banda y en poblado, ocurrido al día siguiente del mismo mes.
La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Mariana Rivadeneira, investiga el presunto uso irregular de detenidos para realizar tareas de albañilería en una vivienda de El Cadillal que pertenecería a un jefe de la Unidad Regional Norte. Tres policías fueron aprehendidos y se secuestraron dispositivos, una camioneta y documentación.