En un comunicado, los funcionarios judiciales de la Nación destacaron que las declaraciones del Presidente “no pueden dejar de ser interpretados como una injerencia en el sistema de justicia”.
Política22 de agosto de 2022
Bajo la Lupa NoticiasLuego de que Alberto Fernández considerara vía Twitter “una persecución judicial y mediática” contra Cristina Kirchner el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en los alegatos por el juicio por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez; la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (AFFUN) manifestó su “honda preocupación” por la publicación del Presidente e, incluso, pidieron prudencia.
“La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación manifiesta su honda preocupación por las declaraciones públicas efectuadas por el señor Presidente de la Nación”, comienza el comunicado que se conoció esta tarde firmado por el presidente de AFFUN, Carlos Rívolo, y la secretaria general, Susana Pernas.
Y sigue: “Entiende esta Asociación que esos cuestionamientos, vertidos a través de redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo, no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público, a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.
Luego, desde AFFUN recordaron que en el juicio todavía resta que “se pronuncie la totalidad de las defensas”, donde argumentarán sus razones “en el ejercicio del derecho de defensa y el estado de inocencia que aún perdura entre los imputados”, y remarcaron que es ese el “lugar indicado por la ley para que tal hecho se produzca”.
Ante esto, desde la Asociación concluyeron: “Solicitamos la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetarse la división de poderes”.
Este lunes, el fiscal federal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta sea condenada al acusarla de ser la jefa de una asociación ilícita, y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Apenas unos instantes después, el Presidente tuiteó desde su cuenta oficial: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”.
El posteo del Presidente fue como introducción a un comunicado oficial de Presidencia, que rezaba: “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”.
Y, en uno de sus párrafos, se afirmó desde Presidencia que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado”. A su vez, se indicó que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
“Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”, concluyó el escrito.
Al pedir la condena para Cristina Kirchner, el fiscal Luciani tuvo en cuenta una serie de agravantes: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”. Y concluyó: “No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”.
Fuente: Infobae
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