El juez de impugnación no hizo lugar al pedido de los defensores para revocar la detención del imputado y confirmó la resolución dispuesta el 8 de julio.
Judiciales18 de agosto de 2022
Bajo la Lupa NoticiasEste jueves se realizó una audiencia de impugnación a pedido de los defensores de Armando José Zarlenga quienes solicitaron revocar la detención domiciliaria, cuya medida fuera prorrogada el pasado 8 de julio. A su vez, los letrados solicitaron se establezcan otras medidas a cumplirse en libertad, como ser, continuar con la pulsera electrónica, prohibición de salir de la provincia (cuyo pasaporte se encuentra retenido) y presentarse en la Comisaría de Yerba Buena, una o dos veces por semana e incluso estar al cuidado de una persona como garante.
Por su parte y por instrucciones del titular de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas del MPF, Pedro Gallo, el auxiliar fiscal, Gustavo Benjamín Zavalía, se opuso al planteo y sostuvo que los riesgos procesales no han variado. "La resolución de la jueza ha sido ajustada y conforme a derecho donde lo que hizo fue recibir la información vertida por ambas partes y resolver en tal sentido. La defensa no ha llegado a neutralizar los riesgos procesales oportunamente dispuestos y que fueron convalidados por los distintos jueces de control y garantía que fueron pasando a medida que transcurrió la prórroga, todos coincidentes con lo resuelto”, expuso el representante del MPF.
“La defensa ha manifestado que no existe un informe de Patronato que indique una conducta contraria por parte del imputado donde manifestó que viene cumpliendo y ajustándose a las disposiciones de los jueces. Y si existiría esa circunstancia, en todo caso, lo que devendría al Ministerio Público Fiscal es revocar el arresto domiciliario. Por consiguiente, la medida ha surtido un efecto positivo para cautelar el proceso”, agregó.
Finalmente, el juez resolvió no hacer lugar a la medida interpuesta del 8 de julio y confirmar la misma, en cuanto fuera impugnada.
Juicio abreviado pactado entre el Ministerio Fiscal, el imputado y su defensa, con el consentimiento de las querellas. Resarcimiento económico de $ 63 millones para las familias.
La investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal. La extensión de la medida de coerción contra Alan Fernández, será por otros 72 días, hasta el 13 de febrero, a la espera de la realización de la próxima audiencia donde se elevará la causa a juicio.
El Ministerio Público Fiscal solicitó extender por unas semanas la duración de la investigación penal preparatoria “con el fin de poder elaborar la pieza acusatoria”. Además, la Fiscalía consiguió prorrogar la prisión preventiva por tres meses.
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Un menor de 10 años murió tras un ataque sucedido dentro de la vivienda donde convivía con sus hermanos y su tutor. El sospechoso, un adolescente de 16 años, quedó aprehendido mientras se analizan las circunstancias del hecho.
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Una manifestación en reclamo por la reincorporación de un trabajador despedido terminó con pintadas, forcejeos con la Policía, heridos y dos personas demoradas. Desde el gremio denunciaron represión.
El Gobierno provincial otorgará un bono no bonificable y por única vez de cien mil pesos para trabajadores estatales, municipales y comunales. La medida se suma a un desembolso total de quinientos mil millones en salarios y aguinaldo en los próximos cuarenta días.