El empleado judicial fue considerado penalmente responsable de la muerte del joven Lautaro Emanuel Gramajo Agüera, quien tenía 23 años cuando ocurrió la tragedia en la RN65. El siniestro vial se produjo en las primeras horas del día domingo 15 de diciembre de 2019.
Judiciales26 de abril de 2022
Bajo la Lupa NoticiasEl juez Sergio Altamirano resolvió condenar por considerarlo penalmente responsable a Joaquín Pérez Torres a la pena de dos (2) años y diez (10) meses de prisión condicional y cinco (5) años de inhabilitación para conducir vehículos automotores por el Homicidio Culposo, por conducción antirreglamentaria de vehículo con motor en perjuicio de Lautaro Gramajo Agüera.
Además deberá cumplir con ciertas reglas de conducta:
- Fijar residencia y mantener su domicilio.
- Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.
- Realizar en una institución pública o privada un curso de educación vial.
El magistrado dio un adelanto de los fundamentos antes de dar a conocer la sentencia, en la misma consideró que Pérez Torres fue responsable del hecho por el modo en que realizó el adelantamiento e invasión de carril, por no tomar la totalidad de precauciones. Consideró la naturaleza de la acción y la gravedad del daño de la conducta desplegada por el acusado. Ademas expreso que no le era indiferente que la víctima era una persona joven, con una familiaque hoy sufren por su perdida.
La madre de Lautaro Gramajo Agüera lloró tras la sentencia al conductor del automóvil que chocó y terminó con la vida de su hijo; "yo se que los hijos del poder no van presos porque los defienden jueces y gente igual que ellos, sin moral".
"Se amparan y escudan detrás de las leyes y yo solo pido condenas justas. Basta de impunidad" pidió Marcela Agüera.
"HOY LIBERO A MI HIJO, HASTA ACÁ LLEGO YO"
EL CASO
El joven Gramajo Agüera tenía 23 años cuando fue chocado de frente por Joaquín Pérez Torres (33), empleado judicial, quien al momento del impacto y según las pericias, se cruzó de carril en la RP65. Según los exámenes, ambos tenían alcohol en sangre al momento de la tragedia.
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Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales realizaron recorridos preventivos en la cuenca del río Salí para reforzar la seguridad, retirar pescadores y hacer cumplir la veda dispuesta desde el 12 de diciembre. Durante los operativos se labraron infracciones, se secuestraron elementos de pesca y una motocicleta por faltas a la normativa vigente.