El empleado judicial fue considerado penalmente responsable de la muerte del joven Lautaro Emanuel Gramajo Agüera, quien tenía 23 años cuando ocurrió la tragedia en la RN65. El siniestro vial se produjo en las primeras horas del día domingo 15 de diciembre de 2019.
Judiciales 26 de abril de 2022
Bajo la Lupa Noticias
El juez Sergio Altamirano resolvió condenar por considerarlo penalmente responsable a Joaquín Pérez Torres a la pena de dos (2) años y diez (10) meses de prisión condicional y cinco (5) años de inhabilitación para conducir vehículos automotores por el Homicidio Culposo, por conducción antirreglamentaria de vehículo con motor en perjuicio de Lautaro Gramajo Agüera.
Además deberá cumplir con ciertas reglas de conducta:
- Fijar residencia y mantener su domicilio.
- Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.
- Realizar en una institución pública o privada un curso de educación vial.
El magistrado dio un adelanto de los fundamentos antes de dar a conocer la sentencia, en la misma consideró que Pérez Torres fue responsable del hecho por el modo en que realizó el adelantamiento e invasión de carril, por no tomar la totalidad de precauciones. Consideró la naturaleza de la acción y la gravedad del daño de la conducta desplegada por el acusado. Ademas expreso que no le era indiferente que la víctima era una persona joven, con una familiaque hoy sufren por su perdida.
La madre de Lautaro Gramajo Agüera lloró tras la sentencia al conductor del automóvil que chocó y terminó con la vida de su hijo; "yo se que los hijos del poder no van presos porque los defienden jueces y gente igual que ellos, sin moral".
"Se amparan y escudan detrás de las leyes y yo solo pido condenas justas. Basta de impunidad" pidió Marcela Agüera.
"HOY LIBERO A MI HIJO, HASTA ACÁ LLEGO YO"
EL CASO
El joven Gramajo Agüera tenía 23 años cuando fue chocado de frente por Joaquín Pérez Torres (33), empleado judicial, quien al momento del impacto y según las pericias, se cruzó de carril en la RP65. Según los exámenes, ambos tenían alcohol en sangre al momento de la tragedia.
Un joven, de 19 años, fue encontrado penalmente responsable del delito de intimidación pública en perjuicio de la escuela de Lomas de Tafí. Dos años de prisión de ejecución condicional. Como reglas de conductas se le ordenó realizar un curso sobre primeros auxilios y concluir sus estudios secundarios.
El nuevo formato de Unidades Fiscales comenzará a funcionar a partir de hoy lunes 22 de abril.
Diego Víctor Figueroa, delegado comunal de Medinas, fue procesado junto a otras cuatro personas por haber retenido a los dos hijos de un comerciante y al chofer del remis en el que se trasladaban, para luego reclamar 7 millones de pesos a cambio de su liberación.
La información fue confirmada por Patricia Neme, abogada de la víctima. El arquero recuperará su libertad y así se espera el regreso a Buenos Aires en las próximas horas; "La jueza le fijó una caución real y una serie de reglas de conductas, entre ellas, de presentarse cada 15 días en la unidad fiscal" afirmó Ernesto Baaclini, abogado del uruguayo.
El depósito, usado con agua durante muchos años, era de cemento, estaba ubicadon a más de 20 metros de altura y habría sido construído en los años 50. La fábrica ubicada en Concepción fue fundada en 1882.
El hecho se produjo durante la noche del domingo en pleno centro de la ciudad de Concepción. Los trabajadores del sector público de pasajeros advirtieron a dos personas transportando una rueda de vehículo y una alfombra; "llamó la atención porque las personas son conocidas en el ámbito dedicadas a pedir limosna en la vía pública" indicaron fuentes policiales tras aprehender a los masculinos. La víctima es el padre Roque Fabián Brito, párraco de la Iglesia Catedral de Concepción.
Javier Nicolás Rodriguez se domiciliaba en calle Sáenz Peña 2013 del barrio Zavalía de la ciudad de Concepción.
A través de un juicio abreviado, Jonathan Eduardo Jaime fue condenado a la pena máxima por violar y asesinar a la adolescente de 15 años, a comienzos de julio del año pasado en Las Talitas.
Corresponde a la parte complementaria del sueldo de abril para los empleados de la administración pública provincial.