Caso Báez Sosa: cuál es el cambio que hizo la Cámara de Casación al confirmar las penas de los rugbiers
Cinco de los acusados cumplen prisión perpetua y tres tienen una pena de 15 años de cárcel.
El Ministerio Fiscal puso a disposición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 76% de ese total que corresponde a 3.636 unidades, entre motos y autos. Consiste en el primer listado relevado en calidad de chatarra, de 5 años a más de antigüedad. Presencia de autoridades nacionales y provinciales.
Judiciales 18 de marzo de 2022 Bajo la Lupa NoticiasEn el predio de Secuestros Judiciales, que funciona de manera conjunta entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la policía de la provincia, en la ciudad de Lastenia, comenzó el proceso para la compactación de cerca de 5 mil vehículos. Para llegar a esta instancia, el MPF encaró un largo proceso que le permitió ejercer el control estricto de cada una de las unidades en cuestión, un trabajo que no se realizaba desde hace mucho tiempo donde se procedió a clasificar y clarificar la situación de listados proporcionados por la policía, para liberar las primeras 3.636 unidades (3.063 motocicletas y 573 automóviles) que ingresaron al proceso, del total de 4.748, existentes al 1 de junio de 2021.
El acto contó con la presencia de la ministra subrogante, Estela Giffoniello, quien estuvo acompañada por el director del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Prodeco), Jorge Fernández, y secundados por el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, entre otras autoridades judiciales y policiales.
"Hoy se desarrolla el proceso de compactación de cerca de 5 mil vehículos para lo cual, se hizo un trabajo minucioso dentro del MPF, por órdenes explícitas del ministro, Edmundo Jiménez, que contó con la colaboración de los fiscales, para poner a disposición 3.636 unidades para el proceso de compactación”, afirmó Cino.
Calcaprina, integrante de la Secretaría Judicial, a cargo de Tomás Robert. “Por medio de la ley 26.348 elaboramos el listado de vehículos que se encuentran a disposición para su destrucción por parte del Poder Ejecutivo. Entre los objetivos del MPF se encuentran el cuidado del medioambiente y la prevención de enfermedades que se pueden generar como el dengue”, puntualizó el funcionario judicial.
Por su parte, el secretario de Seguridad provincial agradeció al MPF por poner a disposición las unidades siniestradas como también a la Corte Suprema de Justicia y a la policía que trabajó en la guarda y ordenamiento para la culminación de este trabajo.
“Esto nos da impulso para hacer nuevos lotes de compactación e invitar a los municipios para la descontaminación”, agregó Ibáñez.
Sobre el Prodeco
El Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Prodeco) se encarga de la descontaminación, compactación y disposición final de vehículos. Tiene como objetivo reducir el daño ambiental que producen autos y motos que se encuentran bajo custodia judicial.
"Yo represento al Ministerio de Seguridad a través del Prodeco que es un programa nacional de descontaminación y compactación de vehículos judicializados en todas sus fases, que puede ser de la justicia federal, ordinaria y de falta, a través de los municipios. Con la compactación se descontamina, es decir, un auto tirado en la intemperie contamina por la pérdida de gases, por los líquidos de fluido de frenos y de los líquidos de aceite de caja”, explicó el director del Prodeco, Jorge Fernández.
“El Ministerio de Seguridad de la Nación está cumpliendo también una función social muy importante. Ellos (por el MPF) lo vienen desarrollando hace mucho tiempo a través de una ley que les permite ser autoridad de aplicación, por parte de la provincia, donde secuestran vehículos y después se los compacta”, detalló el funcionario nacional.
Los representantes del MPF, Juan Pablo Espeche (Oficina de Efectos Secuestrados) y Cino Calcaprina (Secretaría Judicial), fueron los encargados de coordinar las acciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de hacer el seguimiento del proceso, para que se garantice el cumplimiento de los plazos y los objetivos establecidos.
Cinco de los acusados cumplen prisión perpetua y tres tienen una pena de 15 años de cárcel.
La medida cautelar en el caso de Jorge Lucena será por el plazo de seis meses y en el caso de Romina Gutiérrez por el plazo de tres meses. Ambos quedaron imputados por el delito de homicidio y lesiones leves, agravados por el vínculo, en perjuicio del niño cuyos restos habrían sido hallados y de sus dos hermanos.
Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentin Bobadilla ingresaron acompañados por familiares y abogados defensores. La denunciante declarará en Cámara Gesell.
La información fue confirmada por Patricia Neme, abogada de la víctima. El arquero recuperará su libertad y así se espera el regreso a Buenos Aires en las próximas horas; "La jueza le fijó una caución real y una serie de reglas de conductas, entre ellas, de presentarse cada 15 días en la unidad fiscal" afirmó Ernesto Baaclini, abogado del uruguayo.
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En la sesión de la Legislatura del pasado jueves, el Plan de Retiro Voluntario propuesto por el Gobierno provincial fue aprobado con 38 votos a favor y 9 en contra, despertando críticas por parte de legisladores, especialmente aquellos pertenecientes a partidos opositores.
La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó en el Boletín Oficial una resolución que modifica el servicio de remolque que tenían las compañías aseguradoras en todo el ámbito de la República Argentina y por la cual, desde ahora los seguros ya no podrán incluir en sus pólizas el servicio de remolque y auxilio mecánico a los usuarios.
El joven se encuentra desaparecido desde el sábado 20. La familia ofrece una recompensa de 800 mil pesos para quienes entreguen datos certeros de su paradero, mientras sigue la investigación.
El proyecto obtuvo 142 votos a favor gracias al respaldo mayoritario de los bloques dialoguistas, 106 en contra y cinco abstenciones. Expectativa por la discusión en particular de las facultades delegadas, Ganancias, el régimen de grandes inversiones y el blanqueo.