Los precios de telefonía vuelven a subir

“Te informamos que los precios se incrementarán hasta un 9,8% a partir de noviembre”, es el mensaje de texto que llegó a los usuarios de Movistar y Claro durante octubre, dado que las empresas tienen la obligación de avisar con 30 días de anticipación. En tanto, Personal hará los ajustes desde diciembre. “Paradójicamente, el grupo Clarín es el único que espera a que pasen las elecciones”, afirmó una alta fuente del Enacom. De esta manera, las compañías no esperarán la aprobación del aumento del Enacom, tal como fue establecido en el decreto 690, que definió a las telecomunicaciones como servicio público. Toman esta determinación debido a que el decreto fue judicializado por el grupo Clarín, en el que la justicia tiene hasta abril del año que viene para resolver si es constitucional.

“En este momento, están protegidos por el Poder Judicial”, manifestó una fuente oficial. “Salvo que intervenga la Corte Suprema y suspenda la medida cautelar, nosotros regulamos, los chicos y medianos respetan, y los grandes no”, explicó una alta fuente del Enacom. El organismo si habilitará un aumento, pero a partir de diciembre, es decir, después de las elecciones, de hasta 10% para pymes y cooperativas, y menor para las grandes compañías. Hasta el momento, las telefónicas llevan aumentos acumulados de entre el 36 y el 50% para el caso de servicio prepago, de entre 45 y 49% para el servicio pospago, de entre 33% y 41% para el servicio mixto, de entre 27 y 44% para el servicio telefónico, y de entre 41 y 53% para la internet del hogar. En todos estos casos, los aumentos que autorizó el Enacom están entre 16 y 21%, por lo que las subas de las empresas están hasta 30 puntos por encima de lo oficial. De esta manera, las empresas de telecomunicaciones buscarán terminar el año empatadas con la inflación. Aun así, tampoco podrán recuperar los puntos perdidos en 2020 cuando estuvieron congeladas por el decreto 690. “Les pedimos que el 2020 lo pasen a pérdida, todos perdimos, y que no intenten recuperar en 2021. Igual, los balances les dan bien, porque ganaron por volumen, dado que la gente necesita conectividad”, detalló una fuente oficial.

Batalla

La batalla ahora pasará por el 2022. Antes de las elecciones, había una idea dentro del Gobierno de transformar el decreto 690 en un proyecto de ley “espejo”, que sea aprobado por el Congreso, y así eludir la disputa judicial.

El senador oficialista Alfredo Luenzo trabajó en la iniciativa. Antes de las elecciones primarias, Alberto Fernández aseguraba en Tecnópolis: “Vamos a hacer internet servicio público”. Por estos días, la idea quedó casi descartada, debido a que un resultado adverso en las elecciones legislativas implicará que será muy difícil aprobar ese proyecto en el Congreso. Por eso, a la espera del fallo judicial, o de una posible definición de la Corte Suprema, desde el Gobierno se dirimen acerca de cómo acordar con las empresas. Las compañías piden una fórmula que determine aumentos con un criterio objetivo, para tener “previsibilidad”. La idea era incluso promovida por el ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Sin embargo, después de las elecciones, esa fórmula quedó en stand by. El sector del Gobierno más cercano al Instituto Patria rechaza indexar aumentos, en un contexto de elevada inflación, para tener mayor margen de maniobra a la hora de autorizar subas, como ocurre con las prepagas, que desde hace años reclaman un índice de aumento. Para las telecomunicaciones, existe una fuerte incidencia del tipo de cambio, debido a las inversiones en fibra. “El DNU está frenado, en 2022 seguiremos subiendo a piacere”, describieron desde una de las compañías. De todos modos, el capítulo de comunicaciones, que aumentó 30,7% acumulado a septiembre, no tiene un “fuerte peso” en el nivel general, dado que pondera por debajo del 3%. “Se agrega una presión extra para el mes en el que suben, pero no lo pondría como factor determinante del número de noviembre”, describió Agostina Myronec, economista de Ecolatina.

Fuente: Ámbito