River no viaja a Colombia y jugará contra Independiente Santa Fe en Paraguay

Deportes 04 de mayo de 2021 Por Bajo la Lupa
Al no tener garantizada la seguridad en Armenia para que el juego por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se lleve a cabo, el Millonario canceló el vuelo. La Conmebol reprogramó el cotejo para el jueves 6 de mayo desde las 21 en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción.

El partido que River debía jugar la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe quedó suspendido por los conflictos sociales en Colombia. La ciudad de Armenia, designada como sede alternativa del duelo, no pudo garantizar la seguridad y el vuelo del Millonario quedó desestimado.

El Millonario se encontraba concentrado en el River Camp, pero con el comunicado que llegó desde Colombia sobre la suspensión, todos los jugadores volvieron a sus respectivos hogares, a la espera de una resolución en el futuro cercano. La Conmebol reprogramó el cotejo para el jueves 6 de mayo desde las 21 en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción.

La misma suerte que Independiente-River corrieron los encuentros entre Atlético Nacional-Argentinos Juniors, por el Grupo F de la Copa Libertadores (se jugará el jueves desde las 19 en el estadio de Olimpia) y La Equidad-Lanús, por la Sudamericana (se disputará el mismo día, a las 23, en el Defensores del Chaco).

Según informaron fuentes cercanas al club de Núñez a Infobae, el juego tuvo que postergarse porque el Estado colombiano no garantiza la seguridad debido a las constantes protestas sociales que atraviesa aquel país.

En este sentido, el asesor de la alcaldía de Armenia, John Edgar Pereira, confirmó la decisión. ”El alcalde no suspendió el encuentro, dijo que no había garantías de seguridad. Consideró que ante la tensión social se necesitaba un operativo policial mayor. Hay focos de protesta social en todo Colombia”, señaló el funcionario en diálogo con TyC Sports.

Los reclamos callejeros contra el proyecto gubernamental de reforma tributaria, ya retirado del Congreso, dejaron en las últimas horas un saldo de 19 muertos, unos 800 heridos, un alerta militar en buena parte del territorio nacional y a la administración de Iván Duque sin ministro de Hacienda, por la renuncia de Alberto Carrasquilla, mientras los organizadores del paro subieron ahora las exigencias de sus reclamos.

El anuncio de Duque de que retiraba la iniciativa del Legislativo en busca de consensuar un nuevo texto no alcanzó para frenar las manifestaciones pero sí para que Carrasquilla dejara la cartera de Hacienda, porque su permanencia “dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para promover una nueva reforma, explicó en un comunicado.

En tanto, la Defensoría del Pueblo informó que hubo 19 de muertos -18 civiles y un policía- y el Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas, de las cuales 306 son civiles.

Además, las autoridades colombianas detuvieron a 431 personas durante las movilizaciones y el Ejecutivo ordenó desplegar militares en las ciudades más afectadas, tal como lo había reclamado el viernes pasado el ex presidente Álvaro Uribe, mentor de la llegada de Duque al Palacio de Nariño.

Presionado por el masivo descontento, que coincide además con una fuerte suba de casos de coronavirus en el país, Duque se fue moviendo de postura respecto de la reforma tributaria: primero negó cambios, después llamó a consensuar variantes con las demás bancadas del Congreso y finalmente anoche anunció el retiro del proyecto.

El proyecto de reforma tributaria del presidente Duque aspiraba a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo.

Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza afecta al 42,5% de la población. Sobre la violencia en las calles durante las concentraciones, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que se trata de episodios “premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC” que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia.

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