El joven reconoció su culpabilidad en los hechos y fue sentenciado a 4 años de prisión tras un acuerdo de juicio abreviado.
Judiciales18 de marzo de 2021
Bajo la Lupa NoticiasEn la jornada de hoy, jueves 18 de marzo, al imperio de las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Fiscal se dictó sentencia contra un conocido delincuente de Concepción. El sujeto, identificado como Marcos Leonardo Correa, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva tras arribar a un acuerdo de juicio abreviado impulsado desde la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos contra la Propiedad.
El joven se hallaba imputado en el marco de una causa iniciada por el MPF en noviembre del año pasado, cuando intentó ingresar a un local comercial tras forzar las rejas del lugar. Había sido atrapado el 8 ese mes, alrededor de las 5.00 de la mañana, cuando efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas del sur, que se encontraban haciendo un recorrido preventivo por las calles de la ciudad, observaron al acusado de cuclillas frente a las rejas de un local de fotografías ubicado en calle San Martín al 1100, en pleno centro de La Perla del Sur. Al advertir la maniobra, los policías se acercaron para ver qué ocurría y encontraron al delincuente portando en sus manos dos llaves con las cuales había logrado abrir el candado del negocio y se prestaba a ingresar para cometer el robo.
Por ese episodio a Correa se le formuló cargos por robo agravado en grado de tentativa y quedó detenido con prisión preventiva por requerimiento de la fiscalía.
Desde la unidad investigativa señalaron que el acusado contaba con otras causas abiertas que fueron incorporadas al convenio firmado por el propio encartado y su abogado defensor, el fiscal Rojas y el juez interviniente.
La medida fue dispuesta por el juez Raúl Robín Márquez durante la feria judicial. La defensa se opuso, pero la querella y la fiscalía argumentaron riesgos procesales y gravedad institucional.
El acusado fue reducido por vecinos tras forcejear con el dueño del local. La Justicia le dictó prisión preventiva por 45 días.
A un año de la muerte de Julián Bulacio, su familia encabezó una protesta frente a Tribunales para exigir avances en la causa. El joven falleció tras sufrir graves quemaduras en una explosión ocurrida en el Ingenio La Corona. Denuncian que trabajaba sin protección y que la tragedia fue evitable.
El juez de feria Rodrigo Martearena resolvió no habilitar el tratamiento de la solicitud presentada por la defensa de Liliana Carrizo, detenida por el presunto hurto del celular del gobernador Osvaldo Jaldo. Argumentó que no se trata de un asunto urgente que justifique su tratamiento durante la feria judicial.
Durante la jornada de ayer se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la sustracción del celular del gobernador Osvaldo Jaldo. En esta instancia, Liliana Nadir Carrizo, acusada por el hecho, volvió a declarar y lanzó fuertes acusaciones.
Un joven encontró a sus padres sin vida en su domicilio durante la madrugada del jueves. La policía investiga la hipótesis de que el hombre habría asesinado a su esposa antes de quitarse la vida.
El gobernador anunció que la Provincia asumió el financiamiento y ejecución del megaemprendimiento habitacional tras el retiro del apoyo nacional. La primera etapa contempla 572 viviendas y 22 locales comerciales, con una inversión estimada en $80.000 millones. Participarán 22 empresas tucumanas.
La ciudad será sede de tres eventos en simultáneo en la Casa Quinta: la Fiesta de las Agrupaciones Gauchas, el concurso provincial de asado a la estaca y el festival Pre-Locro. Todos gratuitos, desde las 11 de la mañana.
Con su proyecto “Ángeles de la Noche”, la organización entrega viandas cada lunes a personas en situación de calle, trabajadores informales y familiares de pacientes internados en el hospital de Concepción. También habilitó un ropero solidario para enfrentar las bajas temperaturas.
La medida fue dispuesta por el juez Raúl Robín Márquez durante la feria judicial. La defensa se opuso, pero la querella y la fiscalía argumentaron riesgos procesales y gravedad institucional.