Bajo la Lupa NoticiasLa Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió a los policías Nicolás Javier González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, condenados por la muerte de Facundo Alexis Ferreira, el niño de 12 años que falleció durante una persecución policial en marzo de 2018. La resolución hizo lugar a los recursos de casación presentados por las defensas y revocó las condenas dictadas en septiembre de 2023.
Según informó el medio periodístico tucumano El Tucumano, el máximo tribunal provincial dejó sin efecto las penas de 15 y 20 años de prisión impuestas a los efectivos, respectivamente, y ordenó su inmediata libertad.
El fallo fue dictado por la Sala en lo Civil, Comercial, Familia y Penal de la Corte, integrada por los vocales Daniel Leiva, Antonio D. Estofán y Fabián Adolfo Fradejas. Los magistrados consideraron que la conducta de los policías estuvo amparada por la causal de justificación prevista en el artículo 34, inciso 4, del Código Penal, vinculada al cumplimiento de un deber y al ejercicio legítimo de un cargo.
Entre los fundamentos centrales, el tribunal sostuvo que la actuación policial debía evaluarse a partir de las circunstancias existentes al momento de los hechos y de los procedimientos aplicables, sin analizarla únicamente desde el resultado fatal de la intervención.
La Corte consideró que los efectivos realizaban tareas de prevención del delito en las inmediaciones del Parque 9 de Julio cuando intentaron detener a un grupo de motociclistas que desobedeció la orden de alto. Según la reconstrucción que surge del fallo, esa situación dio lugar a una persecución durante la cual se produjo un intercambio de disparos.
Uno de los aspectos determinantes de la resolución fue la revisión de las pruebas científicas y balísticas incorporadas a la causa. El máximo tribunal concluyó que existían elementos para sostener que Ferreira portaba y había disparado una pistola calibre 22 largo. Entre las evidencias valoradas se encontraban los resultados de los análisis de residuos de disparos detectados en las manos y en las prendas del menor, además de pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta.
Los jueces también cuestionaron la valoración de las pruebas efectuada por el tribunal que dictó las condenas en 2023. A su entender, la sentencia había incurrido en una apreciación parcial de los elementos probatorios y no había analizado de manera integral la posible existencia de una causa de justificación para el accionar policial.
En relación con la secuencia del enfrentamiento, la Corte sostuvo que los motociclistas efectuaron disparos contra los efectivos y que algunos proyectiles impactaron en el frente acrílico de la motocicleta policial. En ese contexto, consideró que los agentes habían actuado ante una situación de peligro y que el uso de sus armas reglamentarias estuvo justificado por las circunstancias del procedimiento.
El pronunciamiento también tuvo consecuencias en el ámbito civil. El tribunal rechazó la demanda promovida contra los policías y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, al entender que no se configuró una conducta antijurídica que generara la obligación de reparar los daños reclamados. Asimismo, declaró abstractos los recursos presentados por la Fiscalía de Cámara y la querella.
Ferreira murió durante la madrugada del 8 de marzo de 2018, en San Miguel de Tucumán. Viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por un adolescente de 15 años, luego de presenciar competencias de motos en la zona del Parque 9 de Julio. La persecución policial se extendió por las calles Benjamín Aráoz y avenida Avellaneda y terminó cuando un disparo impactó en la cabeza del niño.
El caso atravesó distintas instancias judiciales. En octubre de 2021, ambos policías habían sido condenados a prisión perpetua, pero esa sentencia fue anulada posteriormente por la Corte provincial por defectos procesales. En septiembre de 2023, un segundo juicio concluyó con penas de 20 años de prisión para Díaz Cáceres y 15 años para González Montes de Oca.
Con esta nueva resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto esas condenas y dispuso la absolución de ambos efectivos, modificando de manera sustancial el desenlace judicial de una causa que generó repercusión pública desde la muerte del niño.
