Este jueves, la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que busca aportar una respuesta a las usurpaciones, un problema estructural y creciente en nuestro país. La iniciativa, que lleva las firmas de los legisladores Raúl Albarracín, Walter Berarducci, José María Canelada y cuenta con el apoyo de Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión, propone la creación de un equipo interdisciplinario que tendrá como objetivo la intervención temprana en los intentos de usurpación de tierras, prevenir los delitos contra la propiedad y evitar las consecuencias que deriven de los mismos, salvaguardando a las personas intervinientes de los mayores daños que puedan ocasionarse. 

Se prevé que este grupo "anti-toma" esté integrado por fiscales, negociadores, funcionarios de la cartera de Seguridad y el jefe de la Policía, quienes operan cada vez que hay una denuncia de ocupación de terrenos para actuar de manera inmediata. El mismo podrá ampliar la cadena de soporte de los procedimientos incorporando en cada uno de ellos a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social, SIPROSA, Espacios Públicos y a cualquier otro actor necesario para la correcta legal y adecuada ejecución del procedimiento de desalojo. 

Albarracín, autor de la iniciativa, indicó que "no se trata de desconocer el problema social que afecta a muchas personas en cuanto al acceso a la vivienda, pero somo conscientes también que esa deuda no se resuelve en absoluto con conductas ilícitas ni con un Estado distraído y negligente. Con esta ley se busca evitar la consumación del delito de usurpación que está en constante escalada, y es instigado en algunos casos por actores sociales o políticos". 

"Toda comunidad necesita de la protección justa y razonable de la propiedad para su progreso y desarrollo", acotó el parlamentario. 

En este sentido, el proyecto propone que el Ministerio Público Fiscal sea el encargado de establecer los procedimientos, parámetros y protocolos que deberá seguir este equipo a fin de garantizar la legalidad, celeridad y eficacia de su actuación en las usurpaciones. 

Por su parte, el grupo "anti-tomas" deberá garantizar a la ciudadanía la activación inmediata de los protocolos para desalojar los inmuebles de sus usurpadores, en el menor tiempo posible, reintegrarlo a su propietario o a quien resulte ser legítimo poseedor/tenedor del mismo, garantizando a todas las partes intervinientes sus derechos, pero sin dilación alguna.