
Diputados rechazó el veto a la ley de fondos para el Garrahan y universidades
El proyecto, que ahora pasará al Senado, se debatió en el marco de una multitudinaria movilización frente al Congreso en defensa de la salud y la educación públicas.
La polémica se conoció cuando se comprobó que, en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se autorizaba a la compra de cinco toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otros.
Política08 de abril de 2020Luego del escándalo por la compra que el Ministerio de Desarrollo Social estuvo a punto hacer, con sobreprecios de hasta 62% más por alimentos, 15 funcionarios de esa cartera fueron echados.
El responsable de lo que fue un escándalo en medio de la crisis por el coronavirus fue Gonzalo Calvo (foto), secretario de Articulación de la Política Social. Fue el primero en ser desvinculado por decisión del ministro, Daniel Arroyo.
Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica, es otro de los que fue despedido luego del sumario que inició el propio Arroyo, que revocó esta compra.
Los otros nombres que fueron relevados son el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano.
También fueron despedidos la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Víctor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
Como consecuencia a esta grave situación, este martes se reglamentó que el Estado no podrá pagar bienes por encima de los precios fijados como máximos.
El Gobierno canceló las compras de alimentos con sobreprecios y hará una nueva convocatoria
Repetirá la adquisición de azúcar y aceite. El Ministerio de Desarrollo Social había pagado por encima de los valores máximos que estableció para los comercios.
El Ministerio de Desarrollo Social decidió cancelar las compras con sobreprecios que había realizado a proveedores de azúcar y aceite y, tras la polémica, volverá a convocar a las empresas para adquirir alimentos bajo el esquema de precios máximos.
Según afirmaron fuentes de la cartera que dirige Daniel Arroyo, se dispuso "revocar las compras de aceite y azúcar", publicadas el lunes en el Boletín Oficial, que fueron realizadas con precios por encima de "precios testigos".
Por eso, explicaron, "se va a hacer una nueva convocatoria". El Gobierno nacional publicará además un decreto en las próximas horas para prohibir que las compras oficiales de alimentos se realicen con valores superiores a los de referencia.
La cartera de Desarrollo Social convalidó precios hasta 62% por encima de los establecidos para la góndola por la Secretaría de Comercio, que retrotrajo los valores a los vigentes del 6 de marzo último.
Para el caso del azúcar, los precios que habían sido aceptados fueron de entre $74,97 y $75,20 por kilo. En los precios máximos obligatorios para los comercios, el kilo de azúcar cuesta, según la marca, entre 50 y 56 pesos. La diferencia es de hasta 34%.
Por otra parte, en el caso del aceite, Desarrollo Social compró a valores de entre $157,80 y $158,67 por botella de 1,5 litros. Esa botella tiene topes de $98 (Ideal) y $123 (Cocinero) en Precios Máximos. La diferencia de precio es de hasta 62%.
El presidente Alberto Fernández respaldó este lunes a Arroyo, lo desligó de acusaciones de corrupción y adelantó la medida oficial de revisar la política de compras oficiales de alimentos.
Fuente: TN
El proyecto, que ahora pasará al Senado, se debatió en el marco de una multitudinaria movilización frente al Congreso en defensa de la salud y la educación públicas.
La movilización reclamará presupuestos adecuados para hospitales y universidades, mejores salarios para los trabajadores y jubilaciones dignas, en defensa de la salud y la educación pública.
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