La Municipalidad de Alderetes, conducida por Sergio Venegas firmó un convenio con la Secretaría de Transporte Provincial, a cargo de Benjamín Nieva para implementar en esa ciudad la Ley de Alcohol Cero que fue promulgada recientemente.
Política28 de marzo de 2016
Mediante este Acta Compromiso, Alderetes se convirtió en el primer municipio, que a través de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de esa ciudad, adhiere a esta normativa.
"La ley provincial N° 8.848, denominada de “Alcohol Cero” prohíbe, en todo el territorio de la provincia, conducir cualquier tipo de vehículos, habiendo consumido bebida alcohólica en cualquier cantidad".
Fue promulgada el 8 de marzo y por el plazo de 90 días, será el periodo de concientización y difusión de la ley durante el cual, y por única vez, quedan exentos los conductores cuya tasa de alcoholemia sea igual o menor a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.
Transcurridos los 3 meses la ley estipula que para los casos en donde la muestra de alcoholemia detecte un valor inferior a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, se sancionará al conductor con una multa, se retendrá la licencia de conducir y se permitirá la circulación bajo la conducción de un “conductor alternativo”.
Los conductores con un nivel de alcohol entre 0,2 y 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, además de la multa y retención de licencia de conducir, serán inhabilitados para conducir por un plazo de dos a seis meses, o bien por un plazo mayor si contiene una cantidad mayor de 0,5 gramos.
Otro de los puntos importante en la ley es la posibilidad del conductor de solicitar una contraprueba, con el mismo instrumento, dentro de los 20 minutos posteriores a la primera prueba.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y afirmó que, aunque pueda generar disconformidad, corresponde acatar las decisiones judiciales y recurrir a los canales legales si se considera necesario revertirlas.
El accidente ocurrió a la altura de Los Trejos, en el departamento Simoca. El conductor, de 25 años, perdió el control de su vehículo y volcó, pero no sufrió lesiones.
El comisario Gustavo Beltrán fue detenido tras una investigación que confirmó que empleaba personal estatal en obras particulares en su vivienda de El Cadillal. El gobernador Jaldo ordenó su separación preventiva y la inmediata intervención judicial.
El Tribunal Penal de Concepción absolvió a Luis Alexis Morán por el homicidio de Facundo Samir Costilla y las lesiones sufridas por Marcos Antonio Castillo durante una fiesta en Alto Verde, en septiembre de 2023. No obstante, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en banda y en poblado, ocurrido al día siguiente del mismo mes.
La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Dra. Mariana Rivadeneira, investiga el presunto uso irregular de detenidos para realizar tareas de albañilería en una vivienda de El Cadillal que pertenecería a un jefe de la Unidad Regional Norte. Tres policías fueron aprehendidos y se secuestraron dispositivos, una camioneta y documentación.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.