Procesaron a una empleada legislativa por presuntas estafas con viviendas sociales por más de $14 millones

Una empleada de la Legislatura tucumana fue procesada por presuntas estafas vinculadas con la venta de viviendas sociales por un monto superior a los $14 millones. Se trata de María Alejandra Arrieta, quien según la investigación habría utilizado su condición de trabajadora del Poder Legislativo y supuestos contactos políticos y dentro del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para concretar las maniobras, informó La Gaceta.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Diego López Ávila, quien reunió pruebas y avanzó con la acusación por cuatro hechos de estafa. La mujer habría ofrecido adjudicaciones de viviendas, recuperación de inmuebles sociales y gestiones ante organismos oficiales a cambio de importantes sumas de dinero.

Uno de los casos investigados ocurrió a fines de 2022, cuando Arrieta habría asegurado tener influencia dentro del IPV y la Legislatura para gestionar una vivienda en San Andrés. La víctima le entregó $3,1 millones, pero nunca recibió el inmueble prometido.

Otro episodio se habría registrado en noviembre de 2023, cuando se presentó como empleada legislativa y abogada vinculada al gremio UPCN. En esa oportunidad habría ofrecido gestionar una vivienda en Manantial Sur a cambio de dinero para el terreno y gastos administrativos. La denunciante entregó cerca de $2 millones, aunque la operación nunca se concretó.

El tercer caso corresponde al mes de abril, cuando presuntamente ofreció recuperar una vivienda del IPV en Manantial Sur a cambio de $4,1 millones. Según la acusación, llegado el momento acordado para la entrega, la promesa no se cumplió.

La cuarta denuncia surgió a partir de un contacto durante un viaje en Uber. Según la investigación, Arrieta habría manifestado que se dedicaba a recuperar viviendas sociales no ocupadas. Luego se reunió con una familia interesada, a la que habría solicitado documentación personal y dinero para iniciar supuestas gestiones. Posteriormente habría recibido $5 millones como anticipo por un terreno y otros $300.000 para una inscripción.

Tras reunir elementos de prueba, el fiscal López Ávila ordenó la aprehensión de la mujer. La acusación formal fue presentada por el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, quien solicitó prisión preventiva por 45 días al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y posibilidad de que continuara con maniobras similares.

El juez interviniente aceptó parcialmente el planteo y dispuso que la medida cautelar se cumpla bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica de monitoreo.

Según fuentes judiciales, las víctimas serían personas que desde hace años intentaban acceder a una vivienda propia y habrían sido engañadas mediante una apariencia de legitimidad. En ese sentido, remarcaron que la situación habitacional puede convertirse en un factor aprovechado por quienes ofrecen soluciones fuera de los canales oficiales.

Durante la investigación también se estableció que Arrieta no tenía vínculos laborales con el IPV y que habría sostenido ante las víctimas que era abogada y que tenía contactos con distintos sectores políticos y gremiales.

Desde el ámbito judicial señalaron que este tipo de casos requieren analizar no solo la existencia de una posible estafa, sino también el contexto en el que las víctimas son captadas, especialmente cuando se trata de personas que buscan acceder a una vivienda.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan realizar únicamente trámites por vías oficiales, verificar la identidad y facultades de cualquier gestor, no entregar dinero a cuentas particulares y consultar directamente con el IPV antes de avanzar con cualquier ofrecimiento de viviendas sociales.